La ONU califica de “intento de genocidio” la persecución de los rohingyas en Myanmar
Naciones Unidas afirma en un informe que los crímenes de Birmania contra la minoría musulmana deben ser investigados y juzgados por un tribunal internacional
Ginebra
Varias rohingyas, este domingo en el campo de refugiados de Kutupalong, en Bangladesh. GETTYREUTERS - EPV
La ONU ha afirmado este lunes que existen elementos de "intento de genocidio"en la operación militar efectuada hace un año por el Ejército de Myanmar —la antigua Birmania— en el Estado de Raijne (oeste del país) contra la minoría rohingya y que los responsables de las Fuerzas Armadas deben ser investigados y juzgados por un tribunal internacional, según un informe de varios investigadores de la organización hecho público esta mañana. En el documento, Naciones Unidas acusa al Gobierno birmano de permitir que el discurso de odio prospere, de destruir archivos y no proteger a esta minoría de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por el Ejército en los Estados de Rajine, Kachin y Shan. El informe corrobora las sospechas de Naciones Unidas: el pasado septiembre, la organización calificó la operación militar contra los rohingya como "un ejemplo de libro de limpieza étnica".
"Los crímenes cometidos en el estado de Rajine, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos", se puede leer en el informe de la Misión Internacional de Investigación de la ONU. Los factores que apuntan a esta intencionalidad incluyen, a juicio de la Misión de Naciones Unidas, el "contexto opresivo más amplio y la retórica del odio" contra la minoría musulmana rohingya, así como "declaraciones específicas" de mandos y autores directos.
El máximo responsable de las Fuerzas Armadas, el general Min Aung Hlaing, dijo durante la fase más intensa de la ofensiva militar contra los rohingyas hace un año en Rajine que el problema de esa minoría étnica se había convertido "en un trabajo sin terminar" y que su Gobierno tomaba mucho interés en "resolverlo".
El informe también señala como elementos que pueden equivaler a un intento de genocidio las políticas excluyentes hacia los rohingyas para, entre otras cosas, "alterar la composición demográfica del Estado de Rajine"; el nivel de organización de la operación militar en agosto del año pasado, que apunta a "un plan para la destrucción y el alcance extremo de la brutalidad de la violencia".
El 25 de agosto de 2017 se produjo un ataque de insurgentes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) contra puestos policiales y militares en la zona que causó más de un centenar de muertos —la mayor parte guerrilleros—, y que desató una nueva campaña militar en esa región de la que han huido unos 725.000 rohingyas en el último año a la vecina Bangladesh. "Hay suficiente información para investigar y procesar a altos funcionarios en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas de manera que un tribunal competente pueda determinar su responsabilidad en cuanto al crimen de genocidio en relación al estado de Rajine, señala el informe de la ONU.
Los expertos, que también han establecido crímenes de guerra y contra la humanidad en Rajine y los estados de Kachin y Shan —también objeto de estudio—, han elaborado una lista de presuntos autores de las atrocidades cometidas contra los rohingyas. Apuntan a Min Aung Hlaing, y a su número dos, Soe Win; al comandante de la Oficina de Operaciones Especiales-3, el teniente general Aung Kyaw Zaw; al responsable del Mando Militar de la Región Occidental, el general Maung Maung Soe; al general de brigada de la 33a División de Infantería Ligera, Aung Aung; y a su homólogo de la 99a División de Infantería, Than Oo.
La Misión de Naciones Unidas ha entregado una lista más larga al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que la custodie. Los expertos critican además a la líder de facto birmana, la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, al afirmar que "no utilizó su cargo ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el Estado de Rajine".
Los expertos instan al Consejo de Seguridad de la ONU a enviar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o a crear un tribunal internacional penal ad hoc para juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. Mientras, afirman, debe crearse un mecanismo independiente e imparcial para consolidar, preservar y analizar las pruebas reunidas, e imponerse sanciones individuales contra los presuntos responsables y un embargo armamentístico contra Birmania.
FACEBOOK BLOQUEA LA CUENTA DEL JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS
Facebook ha anunciado este lunes que ha bloqueado la cuenta del jefe de las Fuerzas Armadas de Myanmar, Min Aung Hlaing, y de otras personas o entidades para prevenir la incitación al odio y las noticias falsas. "Hoy estamos tomando más medidas en Myanmar: estamos eliminando un total de 18 cuentas de Facebook, una cuenta de Instagram y 52 páginas de Facebook, seguidas por casi 12 millones de personas. Estamos conservando datos sobre las cuentas y páginas que hemos eliminado", ha informado la empresa en un comunicado.
Facebook ha explicado que el informe de la ONU ha encontrado pruebas de que "muchas de estas personas y organizaciones cometieron o permitieron violaciones graves de los derechos humanos". "Queremos evitar que usen nuestro servicio para aumentar las tensiones étnicas y religiosas", ha apuntado Facebook.
Entre los afectados destacan, además del general Min Aung Hlaing, la cadena de televisión de los militares birmanos, Myawady.
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