3.500 universitarios en el limbo
La Complutense expulsó sin avisar del campus virtual al 4% de sus alumnos por morosos
Ahora amplía el plazo a septiembre: o pagan el doble o deberán irse
Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, en su quinto día de encierro. / Samuel sánchez (EL PAÍS)
Unos 3.500 alumnos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) dejaron de ser universitarios de la noche a la mañana. Sin previo aviso, fueron expulsados del campus virtual y perdieron el acceso a sus notas, a los apuntes, a las comunicaciones oficiales. La UCM los desconectó por morosos, por no pagar la matrícula de este curso. O pagaban o se iban, fue el primer aviso. Y estalló la polémica. Dos semanas después, ha vuelto a rehabilitarlos. Podrán hacer exámenes como los demás. Pero de nuevo planea un plazo límite sobre sus cabezas: o pagan lo que deben antes de septiembre o la cuestión empeora. La primera alternativa es que vuelvan a expulsarlos. La segunda, que tengan que matricularse por segunda vez de las mismas asignaturas, lo que supone pagar el doble.
La situación de la Complutense —que el propio campus tilda de “inédita”, según un portavoz— es la estampa más extrema de los efectos de la crisis y los recortes que han sacudido los campus públicos de España. Y se produce en la universidad presencial más grande de España con 85.000 estudiantes matriculados. Los rectores de la pública alertaron al principio de curso de las posibles consecuencias del aumento generalizado de las tasas (la media de subida en España es del 16% en primera matrícula; en Madrid, del 38%) y del endurecimiento de los criterios para obtener una beca: los alumnos con menos recursos económicos corrían riesgo de salir del sistema.
Miles de estudiantes recibieron las ayudas del Ministerio de Educación a mitad de curso. Otros esperan aún una respuesta, después de haber presentado recursos contra las anulaciones en primera instancia. A lo largo y ancho del mapa universitario español, muchos campus reconocen que este año hay más alumnos con dificultades para pagar. En Cataluña calculaban unos 3.000 morosos antes de que resolviera la adjudicación de becas. Los campus del País Vasco prevén triplicar la cifra de impagados de 200 a 600 este curso. En la Universidad de Cantabria, los impagos afectan a más del 10% de estudiantes. Muchos han salido al rescate de sus estudiantes con fondos de emergencia y becas destinadas a los más precarios. Lo hicieron la Autónoma de Barcelona y la de Madrid (que ha multiplicado por cinco estos fondos hasta 500.000 euros) o la Universidad de Alcalá de Henares, también en la capital, que ha destinado 100.000 euros.
Solo la Complutense ha amagado con dejarlos en la calle y no ha habilitado un solo euro para becas de emergencia. El rector, José Carrillo, se comprometió en un principio a dedicar un millón de euros para los alumnos más precarios, pero el panorama pinta muy mal. La Complutense es uno de los campus más endeudados de España. Debe 142 millones, según la estimación oficial, una cantidad que espera reducir de manera significativa con el dinero que, a su vez, le adeuda la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional madrileño lleva cinco años ajustando el cinturón a sus seis campus públicos, que ayer alertaban en un comunicado conjunto de las consecuencias que este recorte tiene en las plantillas de docentes y personal de administración. La Comunidad dinamitó, ya en 2008, un acuerdo para inversiones previsto hasta 2011, que dejó un agujero millonario en las universidades y que la UCM ha ido recuperando por la vía de los tribunales. El montante que la Comunidad debe pagar a Complutense supera los 62 millones de euros, según calcula esta última. Cuando el dinero llegue, espera pagar a proveedores y, si es posible, habilitar becas. Pero, en principio, no será este curso ni afectará a sus 3.500 morosos actuales.
El Rectorado no ha aclarado si la cifra se ha disparado desde el curso pasado, como en otros campus. En 2011/2012, ingresó tres millones menos por impago, sin que resulte posible saber cuántos alumnos había en esa situación porque la UCM no lo facilita. El número de impagos incluye todo tipo de variables: el alumno que abandona al empezar el curso, aquel que abona solo alguno de los tres plazos —correspondientes a septiembre, diciembre y febrero— y aquellos que no han puesto un euro porque pidieron una beca que les ha sido denegada. La UCM tampoco ha facilitado estos datos pormenorizados del curso actual. No aclara cuántos estudiantes están sin beca o qué cantidad se adeuda en total.
Una de las novedades de este año, según explica tanto la Complutense como parte del alumnado, es que aún hay becas sin resolver, alumnos que no saben a estas alturas de curso si son beneficiarios de la ayuda del ministerio. La UCM culpa a Educación del retraso y el Ejecutivo replica que es la Complutense la que no ha entregado la documentación necesaria. En medio, un número indeterminado de alumnos cuya situación puede ser la más delicada.
Varios decanos de la Complutense alertaron de situaciones extremas en sus propias facultades en el último Consejo de Gobierno, celebrado el pasado 13 de mayo. El de Políticas señaló que iban a perder a una alumna brillante de último curso porque no podía afrontar el pago de unos 300 euros. En Trabajo Social reclamaron una solución para 65 estudiantes. Varios solicitaron que se rehabilitara a quienes habían sido desconectados del campus virtual, que les garantizaran la celebración de exámenes y que se buscara solución a los casos más extremos. En Geografía e Historia hay entre 150 y 200 alumnos afectados, según las primeras estimaciones ofrecidas por el decano, Luis Enrique Otero. Los decanos barajaron la opción de asumir en parte esa deuda con presupuestos propios. “En nuestro caso es imposible, porque 300.000 euros es más de la mitad del dinero que tenemos para todo el año, tras un recorte del 40%”, explica Otero.
En cursos anteriores, las propias facultades avisaron a sus estudiantes de los impagos. Lo hicieron hasta en tres ocasiones antes de darles de baja como matriculados universitarios. “Nadie vino a plantearnos que no podía pagar por la crisis, como sí ha sucedido este curso”, señala el decano de Geografía. El ultimátum fijado hasta el 30 de mayo por la Complutense el pasado viernes se alarga hasta septiembre, pero aquellos que no puedan pagar tendrán que volver a matricularse de las asignaturas y abonarlas como si fueran repetidores, lo que incrementa el precio al menos al doble. Los decanos han pedido también que se abra la opción de modificar las matrículas, es decir, cobrar a los alumnos ahora las asignaturas que hayan cursado y puedan cubrir económicamente y dejar el resto al margen.
Los estudiantes encerrados en la Complutense reclaman también un fondo de becas propio para que nadie sea expulsado por falta de recursos y que se prorroguen los plazos para abonar de matrícula. Pidieron un compromiso “formal” del rector, José Carrillo, para que las notas se guarden hasta el curso que viene. Ayer, quinto día de encierro ininterrumpido, había unos 50 alumnos acampados en el Rectorado. Celebraron una asamblea tras ser recibidos por la vicerrectora de Estudiantes, María Encina González. Según explicaron, los 3.500 disponen de un plazo de 10 días (a contar desde el próximo lunes) para acogerse a una de estas tres opciones: pagar en dos plazos —julio y septiembre—, abonar su deuda en cuatro mensualidades de junio a septiembre o un pago único en septiembre. Aseguraron que les habían propuesto buscar fondos propios o recurrir a donantes externos. “Este encierro ha supuesto un paso adelante, ha demostrado que da resultados y que vamos en buen camino para ayudar a los estudiantes que lo necesitan”, comentaba Miguel Rodríguez, alumno de Ciencias Políticas de 26 años, al final de la asamblea. La protesta se mantiene. El Rectorado no ofreció ninguna versión de la reunión.
Con información de J. A. Aunión.
Los recortes en los campus
Menos dinero.Desde 2010, los presupuestos públicos para universidad han perdido, al menos, 1.200 millones de euros, en torno a un 12,3%, según cálculos del Gabinete de Estudios de CCOO, que no cuenta los descensos sufridos en la financiación procedente del Plan Nacional de Investigación o de otros organismos para proyectos científicos.Matrículas más caras. El real decreto de recortes educativos aprobado hace un año cambió el sistema por el que se fijaban los precios públicos. El resultado ha sido una subida media del 16% en el grado en primera matrícula (hasta los 400 euros de subida en Madrid y Castilla y León, o de 600 a 900 en Cataluña) y hasta el doble y el triple para los repetidores. En los másteres oficiales que no conducen a una profesión regulada han subido un 68% de media.
Becas menos accesibles. Se han endurecido los requisitos académicos para conseguir becas generales, las destinadas a alumnos con menos recursos. Ahora se pide tener aprobado al menos el 65% de los créditos en Arquitectura e Ingeniería; el 80% en Ciencias; y el 90% en Ciencias Sociales. El curso que viene se endurecen aún más.
Retrasos. A la crisis, al aumento de precios y ese endurecimiento de los requisitos, se han sumado este año los retrasos en la concesión de las becas generales, que han mantenido a muchos de los beneficiarios asfixiados durante más de la mitad del curso.
Ayudas de emergencia. En ese contexto, muchas universidades han aumentado o puesto en marcha programas de ayudas de emergencia para rescatar estudiantes sin recursos. Algunos de ellos tienen partidas para aquellos que han perdido la beca del ministerio por el endurecimiento de los requisitos.
Menos profesores y más alumnos. El número de docentes en los campus públicos ha descendido en 3.000 (en torno al 3%), según los rectores. Mientras, el alumnado de grado sigue creciendo, de momento, a pesar de la subida de tasas: hay 14.000 más (1%) que el año pasado. Sin embargo, los alumnos de máster han descendido por primera vez, en torno a un 8% en las universidades presenciales.Si se mantienen las restricciones, en 10 años se perderán 25.000 profesores, una cuarta parte, según el rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano. -
Pagar una carrera para terminar de camarero
Licenciados de EE UU denuncian a sus campus porque la promesa laboral no se cumplió
Algunos expertos han hablado de una burbuja universitaria. ¿Podría ocurrir en Europa?
Licenciados de la escuela de Ingeniería de la Universidad de Columbia durante la ceremonia de graduación. / KEITH BEDFORD (REUTERS)
Cuanta más educación, menos paro y mejores salarios. Al menos, eso es lo que dicen las estadísticas. Por ejemplo, en España, en lo más duro de la crisis económica, la tasa de desempleo es la mitad entre los titulados superiores (17%) que entre los que tienen estudios obligatorios (34,4%); y entre los que tienen un doctorado es del 4,6%. Además, los licenciados españoles ganan un 49% más que la media, según cifras de la OCDE de 2010. En Estados Unidos, esa diferencia alcanza el 92%. Por eso, no es extraño que muchos jóvenes hagan el esfuerzo de estudiar una carrera, algo que en el país norteamericano supone también un importante desembolso económico (en la pública cuesta casi 6.000 euros al año de media). Pero ¿y si al final no da el resultado prometido? ¿Qué pasa si caes en el lado malo de la estadística? ¿Y si el trabajo es de dependiente en una tienda?
Graduados de una veintena de universidades de Estados Unidos han demandado a sus campus por publicidad engañosa. Sostienen que las instituciones —todas escuelas privadas de Derecho— facilitaron a sabiendas cifras de colocación laboral de sus titulados que no se corresponden con la realidad. Y cinco de esas demandas han sido admitidas a trámite en California, las presentadas contra San Francisco’s Golden Gate University, Southwestern, San Diego’s Thomas Jefferson, University of San Francisco y California Western School of Law, donde estudiar cuesta de media 40.000 dólares al año (algo más de 30.000 euros).
“Si eso es cierto, es lamentable que una universidad pueda utilizar mentiras o estadísticas engañosas de esa manera. No se puede justificar en lo más mínimo, pero creo que muestra la desesperación de unas universidades que han construido una operación de un cierto tamaño que necesita mucho dinero mantener (edificios, salarios, mantenimiento, etcétera)”, señala la profesora de la Universidad de York, en Toronto (Canadá), Sheila Embleton.
Pero en un país, Estados Unidos, donde los precios de las universidades no han dejado de crecer y crecer en las últimas décadas y los graduados acumulan una deuda de 786.163 millones de euros (el presidente Obama tuvo que lanzar un plan hace dos años para rescatar a muchos de ellos), esta demanda puede ser otro síntoma de algo más grande que la pura publicidad engañosa.
Hace unos años, el profesor de Derecho de la Universidad de Tennessee Glenn Reynolds popularizó el término “burbuja universitaria”, a semejanza de la inmobiliaria que infló los precios de las viviendas, gracias, entre otras cosas, a la facilidad para obtener créditos. Los precios alcanzaron unas cifras que no se correspondían con su valor real. Algo parecido, sostenía Reynolds, estaba sucediendo con las matrículas universitarias. ¿Y si los estudiantes estaban pagando una cantidad de dinero por algo que en realidad vale mucho menos? “¿Cuál es el valor de una carrera? Obviamente, eso depende de muchas cosas, y la cantidad que se pagó por los estudios y la deuda con la que sale el graduado no es la menor de ellas. Lo ideal sería que no se midiera su valor solo en términos de colocación en el mercado de trabajo y los salarios, pero, siendo realista, es así”, opina Embleton.
En España, en torno al 70% de las personas que estudian una carrera universitaria lo hacen, en primer lugar, para encontrar un buen trabajo, recuerda el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra José García-Montalvo. Pero en todo sistema educativo, una de las mayores dificultades, si no la mayor, para quien lo administra es buscar el equilibrio entre las esperanzas, deseos, capacidades, gustos y expectativas de millones de individuos, y las necesidades de una sociedad en general y de un mercado laboral en particular.
Hace unas semanas, se formó una gran polvareda porque el ministro de Educación, José Ignacio Wert, planteó esa idea del siguiente modo: se debería “inculcar a los alumnos universitarios a que no piensen solo en estudiar lo que les apetece o a seguir las tradiciones familiares a la hora de escoger itinerario académico, sino a que piensen en términos de necesidades y de su posible empleabilidad”.
Lo cierto es que muchísimos ya lo hacen, pero les falta información. El experto de la Unesco Francesc Pedró hablaba hace unos años (entonces, desde la OCDE) de un “sistema ciego” que obliga a los estudiantes a guiarse únicamente “por sus preferencias o intuiciones”, pero sin “contar también con criterios racionales”. De hecho, un informe del anterior Gobierno socialista reclamaba a las universidades más instrumentos de transparencia para poder poner en común y comparar los resultados de las universidades para que todos los actores puedan tomar decisiones “con las máximas garantías de acierto”. En el caso de los alumnos, podrían ser comparativas sobre la tasa de abandono de una carrera o la tasa de inserción laboral una vez titulados.
“La solución en España sería que una entidad pública se encargue de publicar los resultados en el mercado de trabajo de los graduados por titulaciones y universidades para que no entren engañados en las carreras (tasas de desempleo, salarios medios, niveles de sobrecualificación). Hay quien quiere ir a la universidad a hacerse un ciudadano y no le interesan las salidas del mercado laboral, pero la gran mayoría lo hacen para mejorar su empleabilidad. Estos deberían conocer con rigor y precisión qué les espera cuando salgan dependiendo de la carrera elegida. Aún así, podrían elegir lo que creen que les gusta frente a lo que tiene salidas profesionales, pero al menos la decisión sería informada”, señala García-Montalvo.
A pesar de todo, la situación en general en Europa, en cuanto a una posible burbuja universitaria, no es comparable a la estadounidense, pues los precios de las carreras son en general mucho menores, exceptuando algunas escuelas de negocio muy caras, recuerda el experto en educación superior de la Universidad de Ámsterdam J. W. M. de Wit. “En Estados Unidos, el problema es que los estudiantes combinan estudio y trabajo para cubrir sus costes, lo que hace que los alumnos tarden más tiempo en hacer la carrera y que descienda la calidad y la excelencia. Además, como hay menos empleos disponibles por la crisis, los préstamos estudiantiles aumentan y también las deudas”, dice De Wit.
Sin embargo, hay desde hace años una fuerte presión desde algunos sectores y algunos especialistas por elevar el precio de las matrículas universitarias, y así ha ocurrido en países como Austria, Hungría o Irlanda (donde se ha duplicado en los últimos años hasta los 2.000 euros anuales), aunque el mayor aumento se ha dado en Inglaterra. Allí, las carreras costaban unos 1.250 euros anuales en 1998; hasta 3.000 en 2003 y hasta 11.250 euros en 2010. Esta última subida se compensa con un sistema de préstamos públicos.
En España, el precio de las carreras ha aumentado este curso un 16% de media, hasta alcanzar un promedio de 1.074 euros, desde los 714 euros en Galicia hasta los más de 1.500 en Madrid y Cataluña. En el caso de los repetidores, el coste se multiplica. Y con los másteres, el aumento medio en buena parte de los títulos ha llegado a los 1.000 euros, con precios que van desde entre los 1.590 euros por curso en Galicia hasta los 4.290 en Canarias.
“Privatizar la universidad pública y hacer pagar a los estudiantes lo que se llama el ‘coste real’ de los estudios son, desde luego, propósitos que se expresarán cada vez con menos disimulo y que acabarán cumpliéndose, pero mucho más paulatinamente de lo que gustaría”, opina el catedrático de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid Antonio Valdecantos. “Tendrá que pasar un par de generaciones, porque la capacidad de resistencia de las universidades públicas españolas es muy superior a la de otros sectores de la sociedad. Por otra parte, las universidades privadas (salvo las eclesiásticas, que son muy tradicionales, y en eso se asemejan, curiosamente, a las públicas de toda la vida) han cosechado un prestigio académico muy escaso, de modo que solo son competitivas como escuelas profesionales y dentro de sectores sociales reducidos”, añade. “Lo anterior es compatible, sin embargo, con operaciones muy agresivas, como la tocante a los estudios de máster”.
De Wit, por su parte, insiste en que el del precio de las matriculas —y, por tanto, el de la posible burbuja— no es el problema de Europa. Recuerda, por ejemplo, que la mayor parte de Estados de Alemania está eliminando las tasas universitarias para volver a las matrículas gratuitas. “En Europa, la mayor preocupación es la masificación en las carreras de humanidades y Ciencias Sociales, la escasez de ingenieros y Ciencias Exactas o el aumento del desempleo entre los graduados. Todo ello, combinado con los recortes en educación pueden disminuir la calidad, lo que requeriría más selección para entrar en un grado o en un máster y más movilidad de los titulados”, dice el profesor.
García-Montalvo, no obstante, opina que el bajo precio que pagan los alumnos en Europa (al menos en comparación con Estados Unidos) no elimina en absoluto el peligro de burbuja. “Es cierto que el coste que paga el estudiante es bajo, pero el coste total es bastante alto. Una carrera de cuatro años no experimental sale por 32.000 euros. Y si a eso le añadimos el coste de oportunidad del alumno se eleva todavía más (en las demandas de EE UU un componente fundamental para el cálculo de la indemnización que piden es el coste de oportunidad). Aquí en España el problema es que el contribuyente, que es el que paga la mayor parte de la factura, no pondrá una demanda en los juzgados”.
Así, vuelve a insistir en la necesidad de transparencia para que los universitarios tomen decisiones informadas. “La información no garantiza que se pinche la burbuja universitaria (a veces la presión social por realizar estudios universitarios es mayor que la lógica económica), pero sí que facilitaría un ajuste más rápido entre oferta y demanda. El ajuste al final acaba produciéndose (pensemos en la espectacular caída de las Humanidades en los últimos 15 años), pero la transición es demasiado larga y deja en la cuenta a demasiados estudiantes que, buscando mejorar su empleabilidad, equivocaron la carrera o incluso iniciaron estudios universitarios”.
García-Montalvo, el catedrático de la Pompeu Fabra, se refiere al exceso de oferta de titulaciones con muy pocos alumnos de la que se han quejado multitud de expertos desde hace años. Pero la idea de una posible burbuja universitaria en España se ha asociado también desde muchos ámbitos a un “excesivo” número de universidades.
Un lugar común que Valdecantos rechaza completamente. “En cualquier país culto hay más universidades que en España y nadie considera esto un despilfarro. No parece que sea lo mismo que los aeropuertos, por ejemplo”. Para el catedrático de Filosofía, el problema es que “la mayor parte de las universidades públicas nuevas se han concebido con un notorio mimetismo respecto de las privadas, como si una universidad fuese un centro de preparación para profesiones de éxito. El resultado ha sido en muchos casos una enseñanza académicamente pobre e inspirada solo en criterios de rentabilidad. Pero la Universidad solo es tal (y solo puede triunfar) cuando no intenta ser rentable”.
Pagar una carrera para terminar de camarero | Sociedad | EL PAÍS
el dispreciau dice: una vez más, los estados ausentes se muestran como fábricas de frustraciones para la sociedad y sus individuos... peor cuando son jóvenes... porque se inician a sabiendas que sus vidas se enfrentarán al ninguneo político, y a tener que escalar con un muro sin otra cosa que sus manos... ¿sirve?... no sirve... pero la fábrica de negados, despreciados, y olvidados, no repara en consecuencias y sigue insistiendo con el modelo "exterminador". Si los estados políticos tienen como única función recaudar y excluir, sencillamente están demás. Si las corporaciones empresarias tienen como única función, vender mentiras y generar excluidos, no guardan ninguna razón de ser... y si las instituciones no cumplen con roles sociales inherentes a sus existencias, tampoco tienen razón de ser ni tampoco de estar... o lo que es lo mismo, para qué están?... para enriquecer a funcionarios soberbios y obsecuentes, por excelencia negligentes e incapaces de hacer algo por alguien?... Las universidades facturan, pero se han vaciado de contenidos... son meras proveedoras de títulos otorgados a "pudientes", títulos que no forman, apenas si deforman para asegurar que en la primera etapa de la inmersión... se ahogue la mayoría. Tampoco sirve... Las instituciones, cuyas estrategias se fundamentan en la exclusión por conveniencias económicas, deberían ser cerradas... porque no cumplen función alguna, así de simple. El virus de las frustraciones ha anidado en la cabeza de las clases políticas, que se creen propietarias de los destinos de todos "los demás"... según sus hipocresías... según sus incapacidades... según sus conveniencias, pero esencialmente, por sus perversidades y cinismos. ARGENTINA es un buen ejemplo de lo que no se debió hacer, y se hizo favoreciendo a unos pocos delincuentes devenidos en mesías... curiosamente, EUROPA MEDIEVAL opera bajo la misma receta... destruir, para que los balances se mantengan equilibrados. Ello representa en sí mismo una contraecuación, tema no menor, porque cuando las variables saturan... se invierten los resultados. MAYO 22, 2013.-
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