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Bachelet pide suspender sanciones a países del Sur ante pandemia
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La precariedad de los hospitales en algunos países del Sur, como este de Venezuela, coloca a sus poblaciones en situación de indefensión ante pandemias como la de covid-19. Por ello la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide atenuar o suspender las sanciones que afectan a varios Estados, para que mejore su aprovisionamiento de medicinas e insumos. Foto: Meredith Kohunt/IRIN
- La alta comisionada de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió atenuar o suspender las sanciones impuestas a países del Sur, por su impacto negativo en el sector salud ante la actual pandemia del coronavirus.
Las sanciones “deberían atenuarse o suspenderse. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”, declaró Bachelet este martes 24 desde Ginebra, sede de la agencia de la ONU para los Derechos Humanos.
Expuso el ejemplo de Irán, donde al menos 1800 personas han fallecido ya a causa del covid-19, entre las cuales más de 50 médicos, y las sanciones repercuten sobre el acceso a equipos y medicamentos esenciales, incluidos los respiradores y el material de protección que necesitan los trabajadores sanitarios.
La epidemia que afecta a Irán está propagándose a países vecinos, lo que aumentará la presión sobre los sistemas sanitarios en países como Afganistán y Pakistán.
Asimismo, una amplia gama de sanciones podría obstaculizar los esfuerzos sanitarios en Cuba, Corea del Norte, Myanmar, Venezuela y Zimbabwe, estados que son objeto de sanciones, señaló Bachelet.
Sostuvo que “las exenciones humanitarias anexas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico”.
Las sanciones adoptadas por Estados Unidos y la Unión Europea contra naciones del Sur global usualmente comprenden embargo de armas, congelación de activos y trabas al comercio, así como castigo a funcionarios sindicados de violar derechos democráticos, aunque permiten la compra de medicinas, insumos o alimentos.
Esas medidas, que restringen los ingresos por importaciones, “deberían ser objeto de una reevaluación urgente”, porque en la mayoría de los países objeto de sanciones “los sistemas sanitarios se encuentran en situación de debilidad o fragilidad”.
“El progreso en la defensa de los derechos humanos es fundamental para mejorar esos sistemas, pero los obstáculos a la importación de suministros médicos, -entre otras el exceso de celo de los bancos en el cumplimiento de las sanciones-, causarán perjuicios duraderos a las comunidades más vulnerables”, dijo Bachelet.
Sostuvo que “la población de esos países no es responsable en modo alguno de las políticas que han motivado las sanciones y, en diverso grado, ya han tenido que vivir en condiciones muy adversas durante largos periodos”.
“Es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, habida cuenta de la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio”, añadió la responsable.
En el caso de Venezuela, Bachelet había advertido el 10 de marzo, al actualizar su informe sobre la situación de los derechos humanos, que “la población sigue sufriendo el impacto del cumplimiento de las sanciones más allá de lo necesario por parte del sector financiero”.
La nueva declaración registró que, por ejemplo, “algunos hospitales experimentan cortes regulares de agua y electricidad, así como carencia de medicamentos, equipos, jabón y desinfectante”.
Se agregó que “aunque esta situación ya existía antes de las sanciones, la atenuación permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia”.
A su vez, los países sancionados “deberían proporcionar información transparente, aceptar las ofertas de asistencia humanitaria y dar prioridad a las necesidades y los derechos de los sectores más vulnerables de la población”.
Además, “deberían aprobar medidas que ofrezcan a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin interferencias”.
Para la también médica y expresidenta de Chile en dos oportunidades (2006-2010 y 2014-2018) “es de especial importancia la protección de los propios trabajadores sanitarios, y las autoridades nunca deberían sancionar a los profesionales de la medicina porque señalen las deficiencias de que adolece la respuesta a la crisis”.
“Los médicos, el personal sanitario y todos los empleados de los servicios de salud se encuentran en la vanguardia de esta lucha y nos protegen a todos”, recordó.
La alta comisionada instó a la unidad de los dirigentes mundiales pues “ningún país puede combatir eficazmente esta epidemia actuando en solitario. Debemos proceder de manera solidaria, cooperativa y cuidadosa”, concluyó.
A-E/HM
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