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- Un grupo de estudiantes durante un examen en La Universidad Ignacio Agramonte, en la oriental provincia de Camagüey, en Cuba, en una imagen previa a la pandemia de covid. El alumnado femenino es mayoritario en la educación superior, pero a la hora de los trabajos, los mejor remunerados son para ellos, como parte de la segregación ocupacional. Foto: Jorge Luis Baños/IPS
- Una pareja joven camina por la carretera que comunica el poblado de Horno de Guisa con la ciudad de Bayamo, en la oriental provincia de Granma, en Cuba. En las áreas rurales prevalecen criterios patriarcales, que otorga a la mujer un rol de su subordinación al hombre en la familia, pese a que la educación y las normas oficiales propugnen la equidad. Foto: Jorge Luis Baños/IPS
- Estudiantes de la enseñanza secundaria, con prevalencia de mujeres, en las áreas del centro mixto Rubert López, en la ciudad de Baracoa, en la oriental provincia de Guantánamo, en Cuba. La equidad en todos los niveles educacionales no se corresponde con la actividad económica femenina que según las estadísticas queda muy por debajo de la masculina. Foto: Jorge Luis Baños/IPS
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Las cubanas jóvenes, atrapadas por la cultura patriarcal
- Entran por igual a la primaria y la secundaria y se convierten en mayoría en el bachillerato y en las universidades, pero las mujeres jóvenes cubanas tienen menos probabilidades que los hombres de tener un trabajo bien remunerado, una situación que se agudiza en las pequeñas ciudades y comunidades rurales.
La segregación ocupacional y las normas que pautan la división sexual del trabajo, el modelo prevaleciente de sostén económico masculino y la conciliación entre las responsabilidades laborales y domésticas, aparecen entre los principales desafíos que enfrentan las jóvenes en dos comunidades del occidente de Cuba.
“Creemos que si todas las personas tienen acceso a educación y salud, ya todo está resuelto y, realmente, no es así. La investigación nos permitió visualizar fisuras y constatar la división entre la política y la práctica”, comentó vía telefónica a IPS la psicóloga Valia Solís, del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo (CCRD) de Cuba.
“Estos estudios son sumamente valiosos porque permiten visibilizar las normas de género discriminatorias y realizar recomendaciones de políticas y programas específicos para adolescentes y mujeres jóvenes, especialmente para aquellas en situación de pobreza o más vulnerables”: Ailynn Torres.
Con el título “La mujer en la casa y el hombre en la calle. Empoderamiento económico de las mujeres jóvenes y normas sociales en Cuba”, el estudio cualitativo fue realizado por Overseas Development Institute, del Reino Unido, y el CCRD-Cuba, entidad ecuménica con sede en la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros de La Habana.
Además de dialogar con una amplia revisión de resultados nacionales, el estudio incluyó entrevistas a 71 personas, entre adolescentes, mujeres jóvenes y sus familiares, proveedores de servicios y empleadores, de la comunidad urbana de Jovellanos y la rural de Los Palos, a 152 y 81 kilómetros de la Habana, respectivamente.
Tras seis décadas de políticas en pro de la igualdad de género, la investigación demostró que “las normas sociales continúan influyendo de forma diferenciada en la educación y en las oportunidades laborales y económicas de mujeres y hombres jóvenes en Cuba”, dijo a IPS por correo electrónico la psicóloga cubana y coautora del estudio Ailynn Torres.
“Las mujeres refirieron sentirse bajo escrutinio social constante, medidas por estándares ideales de feminidad y juzgadas de manera que puede afectar su autovaloración y modelar sus comportamientos”, añadió Torres, investigadora asociada a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), con su sede en Ecuador.
Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) muestran que las mujeres representaron 62,2 por ciento de la graduación universitaria de 2018 en Cuba. Sin embargo, ellas significaron 75 por ciento de los graduados de ciencias sociales y humanidades y apenas 37,8 por ciento de ciencias técnicas.
A pesar de las garantías legales para el acceso de las mujeres al empleo y la igualdad salarial en este país insular caribeño de gobierno socialista y 11,2 millones de habitantes, la tasa de actividad económica femenina en 2018 alcanzó 49,5 por ciento, frente a 76,9 por ciento de la masculina.
Además, las mujeres se concentran en aquellos más cercanos a las funciones del cuidado, como salud y educación, donde los ingresos salariales figuran entre los más bajos.
La segregación ocupacional, con impactos en los niveles de ingreso y la autonomía económica de las cubanas, es solo una arista en una problemática que se acentúa en aquellas zonas que se encuentran alejadas de las grandes ciudades, donde se concentran las principales oportunidades de estudio y empleo.
Una investigación, dos resultados
El estudio realizado en las comunidades de Jovellanos y Los Palos, culminó con dos informes de investigación.
Además de “La mujer en la casa y el hombre en la calle. Empoderamiento económico de las mujeres jóvenes y normas sociales en Cuba”, el esfuerzo investigativo culminó con la elaboración y publicación del documento “Familia, sexualidad y salud sexual y reproductiva en Cuba: el papel de las normas sociales”.
Esta segunda arista de la investigación profundizó en las normas en torno a los comportamientos relacionados con el matrimonio, las relaciones sexuales, la maternidad y la crianza de los hijos, así como en las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
El estudio realizado en las comunidades de Jovellanos y Los Palos, culminó con dos informes de investigación.
Además de “La mujer en la casa y el hombre en la calle. Empoderamiento económico de las mujeres jóvenes y normas sociales en Cuba”, el esfuerzo investigativo culminó con la elaboración y publicación del documento “Familia, sexualidad y salud sexual y reproductiva en Cuba: el papel de las normas sociales”.
Esta segunda arista de la investigación profundizó en las normas en torno a los comportamientos relacionados con el matrimonio, las relaciones sexuales, la maternidad y la crianza de los hijos, así como en las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
“Para las familias en situación de pobreza o vulnerabilidad social los estudios universitarios pueden ser un desafío mayor. Tener un hijo que asiste a la universidad en la capital provincial o en La Habana aumenta aún más los gastos familiares y puede considerarse una carga difícil de llevar”, asegura el informe de investigación.
Una parte importante de la muestra consultada identificó la crisis del transporte público como un obstáculo para acceder a estudios de nivel superior, sobre todo para las jóvenes. Regresar a casa tarde, esperando por “botella” (autostop) en medio de la carretera, coloca a las mujeres jóvenes en riesgo de acoso sexual o violencia.
Asimismo, padres y hermanos mayores entrevistados en Jovellanos y Los Palos expresaron “gran preocupación por permitir que sus hijas y hermanas adolescentes se mudaran a la ciudad para estudiar, bajo el supuesto de que se convirtieran en “presa fácil de los avances sexuales masculinos” y salieran embarazadas.
Varias personas entrevistadas confirmaron, además, que los hombres pueden “no permitir que sus parejas trabajen” porque “cuestiona su capacidad” de mantener a la familia y representa “una amenaza a su autoridad doméstica”.
“En las dos comunidades estudiadas, con una fuerte presencia de denominaciones religiosas, encontramos rigidez en la permanencia de las normas patriarcales. El hombre sigue a la cabeza de la familia y la mujer se le subordina. Hay adolescentes que no continúan estudios porque la familia no se lo permite”, comentó Solís.
Por otra parte, mientras se estimó que avanzar dentro del sistema educativo resulta de mayor importancia para las mujeres que para los hombres, no pocas jóvenes cuestionaron el valor de la educación porque “no podrá proveerles de un ingreso decente” y la consideraron una pérdida de “tiempo y energía”.
Quienes llegan a graduarse de nivel superior definen como “una tarea laboriosa” encontrar empleo en sus localidades de origen. Ellas carecen en muchos casos de las relaciones que suelen tener los hombres y ven también limitada la opción de emprender un negocio propio por carecer de propiedades y capital inicial.
Las madres solteras con niños pequeños enfrentan los mayores obstáculos, pues “los empleadores prefieren reclutar hombres o mujeres sin hijos”, según la investigación. A ello se suma, que las guarderías públicas son insuficientes y solo brindan servicio a madres trabajadoras y no a las que quieren estudiar o buscan empleo.
Esta resistencia al cambio en las normas patriarcales convive con tendencias emergentes a favor de relaciones más equitativas, confirmaron las autoras del estudio consultadas por IPS.
Un tercio de las mujeres entrevistadas admitió recibir “alguna colaboración de sus parejas en la vida doméstica” y hablaron sobre “una división del trabajo más equitativa en el hogar, exigida por mujeres profesionales jóvenes y facilitada por madres que enseñan a sus hijos varones a desempeñar tales tareas”.
Al mencionar “cambios positivos” un grupo de personas se refirió a “la transformación de los roles de género por necesidad”, cuando urge que las mujeres contribuyan a los ingresos del hogar. Este “avance”, sin embargo, podría vivir un retroceso si las condiciones económicas varían al interior de la familia.
Para la psicóloga Rocío Fernández, también del equipo del CCRD, los resultados son de gran valor para el trabajo que realiza el centro ecuménico en varias comunidades del occidente cubano y, sobre todo, en los programas dirigidos a los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social.
“Estos estudios son sumamente valiosos porque permiten visibilizar las normas de género discriminatorias y realizar recomendaciones de políticas y programas específicos para adolescentes y mujeres jóvenes, especialmente para aquellas en situación de pobreza o más vulnerables”, opinó Torres.
Para impulsar las transformaciones necesarias se “requiere la colaboración de instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, movimientos ciudadanos y agencias internacionales con voluntad de contribuir a las políticas de ampliación de derechos en sentido integral y no fragmentado ni asistencialista”, añadió.
ED: EG
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