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- Organizaciones no gubernamentales de México impulsan una ley ciudadana de aguas, para garantizar el derecho humano al recurso. En la imagen, activistas sociales durante la clausura de un taller nacional sobre cuencas, el 11 y 12 de agosto en Tlalmanalco, una ciudad del centro-sur del país. Crédito: Emilio Godoy/IPS
- Durante dos días, representantes de 51 organizaciones gubernamentales de México debatieron sobre medidas para defender el agua, en un encuentro en el municipio de Tlalmanalco, en el estado de México, en el centro-sur del país. Crédito: Emilio Godoy/IPS
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Consumo de agua para electricidad genera rechazo social en México
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- Uno de los temores de los pobladores de la Sierra Huasteca en el nororiental estado de San Luís Potosí es la construcción de plantas eléctricas de ciclo combinado, que amenazarían la disponibilidad de agua en esa región de México.
“Hemos escuchado rumores sobre la instalación de dos centrales más, pero no hay información disponible. Operan con mecanismos muy opacos”, señaló Esther Peña, asesora de la no gubernamental Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, fundada en 1994.
Peña, cuyo colectivo aglutina a 12 organizaciones de productores indígenas y campesinos en seis municipios, denunció a IPS que el funcionamiento de la planta de ciclo combinado Tamazunchale, que opera desde 2007 con capacidad de 1.187 megavatios (MW) contamina el ambiente y perjudica la siembra de café y cítricos, así como la actividad ganadera.
La empresa española Iberdrola, propietaria de la central, proyecta construir dos adicionales, Tamazunchale I y II, con capacidad total de 1.187 MW, que están aún en fase de diseño.
La expansión de ese tipo de instalaciones térmicas, que consumen gas natural para generar electricidad y cuyos gases desechados son reutilizados para producir más energía a partir del vapor de agua, preocupa a defensores del agua y enemigos de los combustibles fósiles por sus impactos sociales, ambientales y sobre el recurso.
Las amenazas identificadas por esos grupos incluyen también el destino del líquido para minería, extracción de hidrocarburos no convencionales de esquisto o lutitas, plantas cerveceras y de refrescos y otros usos industriales.
Todas ellas fueron discutidas por especialistas y dirigentes comunitarios en Tlamanalco, una ciudad del estado de México, en el centro-sur del país este mes.
Durante el Taller Nacional de Promotores de Consejos de Agua y Cuencas, 121 representantes de 51 organizaciones mexicanas analizaron cómo corregir el impacto de estas actividades sobre el acceso al recurso, así como la manera de impulsar soluciones que pongan en manos ciudadanas el manejo del líquido.
El énfasis de esa visión recae en el manejo comunitario del agua, el derecho humano a su acceso, el cuidado del recurso y su calidad, materializada en la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas, elaborada desde 2014 por organizaciones de la sociedad civil, académicos, comunidades guardianas del recurso y pueblos indígenas.
Las organizaciones eligieron a representantes de 28 consejos de cuencas, quienes efectuarán la labor local de difundir la propuesta ciudadana y movilizar apoyos.
Dentro de esa perspectiva, cobra relevancia el nexo agua y energía, más allá de la construcción y modernización de centrales hidroeléctricas y en medio de los embates del cambio climático producido por la extracción y quema de carburantes fósiles.
“Hoy se impone la visión de dedicar agua para la energía, como las hidroeléctricas, las centrales de ciclo combinado y el gas natural. Está mal aprovechado el uso del agua”, dijo Óscar Monroy, presidente de la no gubernamental Comisión de Cuenca de los ríos Amecameca y La Compañía.
El activista IPS que “el problema se ha ido agravando, porque la ley actual considera al agua una mercancía. El gobierno subsidia el agua para los grandes contaminadores”.
Monroy fue uno de los asistentes al encuentro de Tlalmanalco, que significa “lugar de tierra aplanada” en lengua náhuatl, una urbe de unos 47.000 habitantes, a unos 50 kilómetros al sureste de Ciudad de México.
Fomentadas por la importación de gas natural de Estados Unidos, la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas privadas despliegan el montaje de centrales de ciclo combinado, favorecidas por la apertura al capital privado del sector energético en 2014.
El reporte de 2017 “Amenaza neoliberal a los bienes comunes: panorama nacional de megaproyectos eléctricos”, elaborado por la no gubernamental Geocomunes, indica que actualmente la CFE opera al menos 27 plantas termoeléctricas, de ciclo combinado y turbogás, a las que se suman al menos otras 22 en manos privadas.
Otras 16 plantas de este tipo están actualmente en fase de proyecto y la CFE construye al menos seis adicionalesque entrarán en operación en los próximos años, según datos del organismo estatal.
En la segunda subasta eléctrica de septiembre de 2016, el gobierno mexicano adjudicó un proyecto de ciclo combinado de CFE en el norteño estado de Sonora y otro privado en la zona fronteriza con Estados Unidos, en el nororiental territorio de Tamaulipas, mientras que en la licitación eléctrica de 2017 se concedieron otras dos instalaciones privadas.
Para 2017, la estatal pero autónoma Comisión Reguladora de Energía había otorgado 645 permisos de generación eléctrica basada en fósiles –entre ellos termoeléctricas de ciclos combinados- y que equivalen a la mitad del total autorizado.
Durante el primer trimestre de 2018, los ciclos combinados, cuyo consumo de agua para movilizar las turbinas a vapor se desconoce, aportaron 30.920 MW, del total nacional de 75.570.
El contexto de futura crisis hídrica
Varios estudios pronostican una crisis hídrica en México para 2040, especialmente del centro al norte del país .
De los 653 acuíferos nacionales, 105 están sobrexplotados. Datos de la no gubernamental Oxfam de México indican que casi 10 millones de personas, de los 130 millones que viven en esta nación, carecen de agua en sus hogares, por lo cual destinar el líquido a generación energética colisiona con esas necesidades.
La gota que derramó la crítica social fue la decisión del gobierno del conservador Enrique Peña Nieto, en junio, de levantar la veda sobre el agua de 10 cuencas del país para favorecer su uso para energía, manufactura, minería, cervecería y otros usos industriales y que dejaría bajo concesión unos 51billones del líquido por 50 años.
Ante ello, comunidades de pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales interpusieron 36 amparos opuestos a la decisión y de los cuales 12 fueron aceptados por los tribunales, 12 rechazados y otros 12 siguen en trámite.
En Tamaulipas “enfrentamos la amenaza de obras energéticas”, como la fractura hidráulica, aseguró Ricardo Cruz, miembro de la Asociación de Abogados Ambientalistas de ese estado.
Esa técnica, también conocida por el vocablo inglés “fracking”, libera grandes volúmenes de petróleo o gas alojados en rocas muy profundas mediante la inyección masiva de agua y aditivos químicos que contaminan el aire y el agua, según ambientalistas.
“Tenemos un gran temor, porque sus efectos pueden ser perjudiciales para la salud, la agricultura y la ganadería”, resaltó Cruz a IPS.
Para los asistentes al taller nacional, la solución radica en la aprobación de la ley ciudadana de aguas. Para cumplir con la reforma constitucional de 2012 que garantiza el derecho humano al recurso, el gobierno debía avalar una nueva legislación en 2013, plazo que incumplió.
Por ello, sus promotores presentarán la iniciativa en septiembre próximo, cuando asuma el nuevo Congreso legislativo mexicano, votado en las elecciones generales del 1 de julio.
“La solución ante los megaproyectos es la ley ciudadana, porque establece que no se puede usar para esos megaproyectos”, sostuvo Peña, en cuya región denuncian que la estatal Petróleos Mexicanos pretende explotar gas con fracking, en perjuicio de pobladores de al menos 12 municipios.
El informe de 2016 “Territorialización de la reforma energética: el control de la explotación, el transporte y la transformación energética en el noreste de México”, de Geocomunes, señala que la construcción de ciclos combinados “debilita la condición agrícola tradicional” de San Luís Potosí.
También asegura la organización dedicada a cartografiar los conflictos sociales que que “consolida su posición como una región productora de energía para las zonas industriales del centro del país”.
La iniciativa ciudadana promueve la abolición de la estatal Comisión Nacional del Agua y su sustitución por un Consejo Nacional de Aguas integrado por Consejos de Cuencas Regionales.
Además, crea la defensoría del agua, facultada para sancionar a quien la desperdicie o contamine, y destina el recurso a actividades agrícolas y ambientales.
“Se necesita un equilibrio para que haya agua para todos. Es posible tener otro tipo de proyectos, con organizaciones ciudadanas”, planteó Monroy.
Cruz coincidió con Monroy, pues “es importante priorizar y el agua no es objeto de lucro. El objetivo debe ser el derecho humano” al líquido, patentizó.
Edición: Estrella Gutiérrez
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