La JEP, una urgencia real

Sin justicia transicional, las FARC se quedan sin juzgamiento y las víctimas no tendrán ni verdad ni reparación

4 NOV 2017 - 13:36 ART

Por estos días los del SÍ a la paz se declaran engañados y los del NO reclaman que tenían razón. Ni lo uno ni lo otro. Lo único cierto es que la participación política de las FARC está garantizada en los acuerdos: pueden participar en política sin que ningún tipo de sanción los inhabilite. Solo hay que leer (artículo 20, Acto Legislativo 01 y artículo 36 del Acuerdo sobre Víctimas). A menos, claro está, que no digan la verdad y entonces les quedaría difícil tener papel de congresistas o de candidatos presidenciales dentro de una celda. Así que el anuncio de “Timochenko” de lanzarse a buscar votos no debería sorprender a nadie.

Si estamos o no de acuerdo es otro tema. Yo no lo estoy. Habría preferido ver a los ex miembros de esa guerrilla pasar primero por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero eso no se logró ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo cuando se ha tratado de desarmar a las guerrillas.

Mi desacuerdo no me impide ver y alertar sobre quienes han dilatado y puesto palos en la rueda a la aprobación de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, porque eso no invalida su carácter neurálgico del acuerdo de paz, y las consecuencias de no instalar la JEP son mayores.

Si la ley que reglamenta la justicia especial no se aprueba antes de finalizar el mes de noviembre, podría darse por roto el acuerdo con las FARC con la respectiva denuncia de incumplimiento ante los garantes internacionales. Las disidencias que tanto afectan la implementación pos acuerdos aumentarán. En el escenario de tener que tramitarla por la vía ordinaria en el Congreso y no por Fast Track, estaríamos cruzándonos con la etapa electoral y si a esto se suma el control que debe hacer la Corte Constitucional de las leyes, estamos hablando del nacimiento de la JEP en 2020.

Sin justicia transicional, las FARC se quedan sin juzgamiento y eso significa que las víctimas, que han sido el centro de todo este esfuerzo, no tendrán ni verdad ni reparación. Ahora bien, con JEP o sin JEP, los exguerrilleros harán política. Por lo tanto, quienes han evitado su aprobación, deberían hacer un esfuerzo por quienes realmente se van a ver favorecidos, que son nuevamente los que sufrieron la guerra. Y si los terceros involucrados en el delitos del conflicto creen que sin JEP se salvan, pues tampoco. Donde no hay justicia transicional u ordinaria, entra la internacional a juzgarlos a ellos y a los militares, léase CPI.

De la mano con todos los intentos por introducir algunos importantes cambios a la ley que reglamenta entonces la JEP, y de otros por no reformar la política de sus oscurísimos esquemas clientelares, varios partidos han jugados sus cartas. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, por órdenes de su jefe, el candidato Germán Vargas Lleras, a menos que lo haga de manera inconsulta, fue denunciado por empantanar la discusión. Dilatar y dilatar, luego citar y citar, y luego advertir persecución a su trabajo por parte de los medios. Y ahora está en el plan de apretar el acelerador. Previamente el fiscal Néstor Humberto Martínez hizo lo propio y así algunos otros miembros de Cambio Radical.

Y antes de ellos, el Centro Democrático por los argumentos ya conocidos en la campaña del NO. Lástima tantos temores innecesarios, lástima tanta falsa democracia, y tantos falsos dilemas. Si hubieran aprobado a tiempo los desarrollos legislativos necesarios, de pronto hasta tuviéramos a los guerrilleros declarando ante el Tribunal. Pero ni eso les pareció sensato

Muchos otros están aprovechando las últimas semanas del Congreso para pedir más dádivas de un gobierno en etapa final, por la vía de la presión o el chantaje los que se mantienen en la conocida como Unidad Nacional que niegan los llamados intercambios por la gobernabilidad (puestos) y la lucha se hace día a día más compleja cuando en ese mismo parlamento, cada uno está buscando la trinchera más cómoda para llegar a las parlamentarias de marzo.

Por ahora solo vale traer a la memoria casos como en el Antonio Navarro, medidas las enormes diferencias, entre los guerreros de ayer y de hoy, para pensar si no vale la pena un poco de humildad, de compromiso con un tema superior como es honrar a esas millones de víctimas que lo dieron todo para recibir un poco de verdad, de resarcimiento. Ellos perdonaron lo que políticos en campaña se niegan a conciliar. No pueden aspirar a gobernar a Colombia quienes se niegan a entender que las víctimas y las nuevas generaciones tienen la palabra.

A ellos no les quiten la posibilidad de dar un paso adelante en la reconciliación a través de la JEP y de la Comisión de la Verdad, que están peligrando en el Congreso.