El CIE de los niños
Menores marroquíes pasan hasta cuatro días encerrados en celdas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona a la espera de ser acogidos por la Generalitat
Barcelona
Menores durmiendo en los pasillos de la Ciudad de la Justicia.
Sus nombres están escritos con rotulador verde sobre una pizarra blanca: Youssef, Ahmed, Rachid… Es octubre y hoy son doce los menores no acompañados (se les conoce como MENA) que ocupan, en silencio, las celdas 8, 9 y 10 de los calabozos de la Ciudad de la Justicia. Allí, en un espacio reducido y sin luz natural, permanecen hasta cuatro días encerrados pese a que no han cometido ningún delito. Han llegado a Barcelona para formarse y trabajar. Pero han topado con que la Generalitat, que debería darles protección inmediata, está desbordada.
La vivencia de estos menores es análoga a la de los inmigrantes adultos encerrados en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) por no tener los papeles en regla: ni han delinquido ni están detenidos, pero se les retiene contra su voluntad en un régimen muy similar al carcelario. Con los menores, la situación es más grave porque, según la ley, deben estar tutelados desde su llegada a Cataluña por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
El área de custodia de los Mossos está en la planta -1 de la Ciudad de la Justicia, que alberga los juzgados de Barcelona. Es un calabozo. Se accede a través de una puerta barrada. Hay dos tipos de celdas, aunque idénticas: unas para los menores que han delinquido —aporrean la puerta y exigen, en árabe y español, que les dejen salir— y otras para los menores “bajo protección”. Duermen sobre delgadas colchonetas azules, como las de los gimnasios escolares. No pueden salir y el teléfono móvil se les requisa. Dos mesas para jugar al parchís y a las damas rompen la monotonía de una sala donde pasan las horas.
Los MENA no deberían estar aquí. O, al menos, deberían estar el menor tiempo posible. El justo para que la DGAIA les asigne un centro de acogida. Desde hace unos meses, ese plazo se está dilatando de forma que jueces y fiscales ven “inaceptable”. “Hay menores que llegan a pasar aquí 100 horas, más que el tiempo máximo que cualquier persona puede estar detenida[72 HORAS]. Al estar con la puerta cerrada, muchos sufren ataques de ansiedad. Golpean las puertas y hay que reducirles. También se han peleado entre ellos”, explica una funcionaria.
Hasta septiembre habían llegado a Cataluña 904 menores, más que en todo el año pasado (684). La mayoría proceden del Rif, en Marruecos. Tienen entre 14 y 17 años, aunque los hay más pequeños. Sus familias les animan a viajar a Europa para buscarse la vida. “Algunas se endeudan para colocar a uno o dos en España”. Los chicos cuentan, a mossos y educadores, que cruzan el Estrecho en lancha neumática (300 euros el trayecto) e incluso en moto acuática. Desde Andalucía suelen desplazarse en autobús. Muchos toman rumbo a Barcelona, a veces como paso intermedio para encontrarse con familiares en otros países. “Todos funcionan con móvil y redes sociales. Otros chicos les envían fotos de aquí y vienen. A la mayoría no les volvemos a ver, señal de que no se meten en líos”, subraya la funcionaria.
Los chicos acuden por su propio pie a las comisarías de los Mossos o son localizados en la calle y llevados ante la policía. Su primer destino es la Ciudad de la Justicia. Se les abre una ficha y se les practican las pruebas (de muñeca o mandíbula) para determinar que, efectivamente, tienen menos de 18 años. Se les ofrece un bocadillo y un zumo. Desde el primer minuto se avisa a la DGAIA, que debe activar el mecanismo para buscarles plaza. “El procedimiento está tasado y es rápido. Es cuestión de horas se resuelve. No tendrían que estar en celdas ni dormir aquí siquiera una noche”, admite Francisco Tabuenca, fiscal de menores de Barcelona.
Tabuenca es autor del informe que ha hecho emerger el problema. Los menores pasan un tiempo “excesivo” (más de tres días, en algunos casos) en el área de custodia, donde no reciben “la atención y protección integral que merecen”. Los calabozos solo pueden acoger como a 20 chicos y en los últimos meses se han quedado pequeños, por lo que se les ha trasladado a la planta baja del edificio de la Fiscalía, donde “duermen en colchones” en la sala de espera “para atender la llegada de público en general”, denuncia el fiscal. Así pasan las noches, en las mismas colchonetas y tapados con una manta naranja, hasta que la DGAIA les encuentra sitio en un centro de protección.
Desbordada
Tras la denuncia del fiscal, la DGAIA emitió una nota en la que admite que se ha visto desbordada por el “alud de llegadas” en julio, agosto y septiembre. Anunció que había adecuado unas “instalaciones más confortables”, también en la Ciudad de la Justicia: la tercera planta de la Fiscalía, una sala semivacía y con luz natural. Pero la juez decana de Barcelona, Mercè Caso, paró la iniciativa porque el espacio “no reúne ninguna garantía ni para su salud ni para su seguridad”. Caso recuerda que solo hay un baño (compartido con el público) y que los educadores tuvieron que abrir las ventanas para ventilar, una “maniobra prohibida” por riesgo de caídas.
Caso alerta de que los menores vienen directamente de la calle y no se ha garantizado “su salud ni su adecuada higiene”. Y recuerda que “vienen de situaciones muy complejas, con un importantísimo grado de tensión y con una experiencia vital de enorme violencia”. En una entrevista, la decana subraya que el uso de los calabozos por tiempo prolongado también es “inaceptable”. “Son menores, no delincuentes, la DGAIA debe protegerles desde el momento en que son localizados, no es una tarea ni de los Mossos ni de la Fiscalía”.
Aunque el problema viene de lejos, la denuncia de jueces y fiscales ha activado algunos resortes. La DGAIA ha anunciado su intención de ubicarles en un edificio no judicial pegado a la Ciudad de la Justicia, mientras que en los últimos días se está evitando que los chicos duerman en las celdas. Tampoco se les ofrecen colchonetas para dormir en los pasillos, sino que se les hace esperar en los bancos de la sala de espera, confirman diversas fuentes. “Las dependencias judiciales”, advierte la decana, “no pueden convertirse en un albergue”. Los educadores, por su parte, saben que seguirán llegando más chicos. “Cuando les preguntamos si quedan niños en su pueblo, nos dicen: ‘Sí, y tanto. Y quedan muchos por venir”.
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