Los lamentos del pueblo wayúu llegan al Congreso de Colombia

Líderes indígenas de La Guajira denuncian el exterminio de su comunidad, que vive sin agua a la sombra de la explotación minera a cielo abierto más grande del país

SALLY PALOMINO

Bogotá 22 NOV 2017 - 13:43 ART

Líderes indígenas Wayúu en el Congreso de Colombia. ARCHIVO PARTICULAR.

Viajaron 17 horas por carretera, algunos sin saber ni una palabra en español. Un grupo de líderes del pueblo wayúu se trasladó desde La Guajira hasta Bogotá como una medida desesperada para que los escuchen. Los que no saben expresarse con un vocablo diferente al wayuunaiki –la lengua de su pueblo–estuvieron acompañados de un intérprete, los que han aprendido castellano encabezaron la audiencia pública que por fin les dio la posibilidad de hablar en el Congreso de Colombia. Aunque el público era escaso, como casi siempre que se trata de indígenas en este país, la voz de los líderes llevó de nuevo la atención hacia los problemas que –dicen– los están exterminando. La falta de agua, las pocas opciones de trabajo y el despojo de su entorno debido a una minera a cielo abierto los tiene acorralados.

En La Guajira habitan siete etnias y la más grande, con cerca de 270.000 personas, es la wayúu. María Cristina Figueroa es una de las líderes que viajó a la capital del país para hablar de los problemas que afronta, casi en solitario, su pueblo. "Ya no son las balas, pero sí es el descuido estatal el que nos está matando. Estamos acá para hablar de los niños que se mueren de desnutrición y de enfermedades producidas por las malas condiciones en el ambiente", dice antes de reunirse con miembros del área de Medicina y Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, que ha respaldado el proceso de la comunidad para hacer visibles sus padecimientos.

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Uno de los recientes informes de la institución señala que el 55% de los niños menores de cinco años que viven allí presentan desnutrición crónica, el 14,5% de los recién nacidos tienen bajo peso y la mortalidad materna en algunos pueblos llega a 600 mujeres por cada 100.000 niños nacidos, la cifra más alta del país, según la investigación de la Universidad Nacional.

Mario Hernández, coordinador del doctorado en Salud Pública de esa institución, dice que a pesar de que los efectos de vivir cerca de un proyecto de minería abierta, en este caso El Cerrejón que produce anualmente 32 millones de toneladas de carbón, están documentados en estudios internacionales, el país no le ha prestado suficiente atención a los lamentos del pueblo wayúu. Es una comunidad que ha estado durante muchos años expuesta a contaminantes, de todos los niveles, que han tenido efectos sobre la salud y la calidad de vida.

Hernández señala la "pésima" mirada con la que se han visto los problemas de los wayúu. "Les dan mercados o ayudas que siguen sin ir al fondo de la situación, parece que se olvidara que durante varias décadas se les ha despojado de sus fuentes de supervivencia, de sus saberes ancestrales, ligadas a la tierra y al agua. Hay una crisis humanitaria que podría hacer desaparecer a un pueblo".

María Cristina Figueroa comparte el mismo rancho con siete familias más. La falta de agua los ha obligado a ponerse la ropa sudada varios días de la semana porque no hay con qué lavarla y a viajar al pueblo más cercano para que algún familiar los deje bañar, según su relato. "A veces compramos 1.000 litros de agua por 30.000 pesos (unos 16 dólares), pero eso no alcanza para mucho porque somos 16 personas, ¿quién puede estar bien así?", pregunta. Ella vive en el resguardo Provincial, que además solo cuenta con una vía de acceso que únicamente los más hábiles pueden pasar sin dificultad porque está atravesada por tajos de carbón.

En el informe que presentaron en el Congreso detallaron este y otros males que los aquejan. "Los habitantes del resguardo presentan síntomas como dolores de cabeza, molestias nasales y para respirar, tos seca, ardor en los ojos y visión borrosa. Las dolencias parecen agudizarse con los olores azufrados que llegan provenientes de la quema de carbón". La comisión que viajó de La Guajira a Bogotá no pretende que el proyecto minero de El Cerrejón que lleva más de 35 años allí desaparezca (tiene permiso de explotación hasta 2034), pero sí pide que se midan las consecuencias de su trabajo y se tomen medidas para minimizar al menos lo que afecta la salud.

Los reclamos del pueblo indígena no son un capricho, en marzo pasado la Corte Constitucional sentenció que la explotación de carbón a cielo abierto en ese lugar afecta la salud de los pobladores y pidió la revisión del plan de manejo ambiental para que se decida si continua vigente. La Corte también ordenó implementar un plan de mitigación de daños con la comunidad afectada, pero los líderes que viajaron a Bogotá para visibilizar su drama aseguran que la sentencia del alto tribunal hasta ahora no se está cumpliendo. "El Estado ha hecho diagnósticos, tenemos decenas de decretos y sentencias, pero en la realidad poco se cumple. Aunque somos de los pueblos indígenas más grandes que todavía existen, nos están exterminando y por eso estamos acá, queremos que nos escuchen", ruega María Cristina Figueroa.

EN DEFENSA DE LA MINERÍA

En la audiencia en el Congreso en la que se escucharon los reclamos de los indígenas wayúu, el Gobierno colombiano hizo presencia a través del ministerio de minería y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En representación de esta entidad, Claudia González, su directora, aseguró que El Cerrejón tiene un plan de manejo ambiental integral estipulado desde su inicio de operación. A través de este, señaló la funcionaria, se hace seguimiento al trabajo en la mina y transporte de carbón. Aseguró que en los últimos años se han implementado medidas adicionales al plan inicial del proyecto para mitigar los efectos en el medioambiente.

Sobre el cumplimiento de la reciente sentencia de la Corte Constitucional, la funcionaria dijo que su dependencia hizo un estudio de impactos ambientales durante los últimos 20 años de funcionamiento de la minera, pero que el documento está en manos del Ministerio del Interior a la espera de que se determine de qué forma se socializará con la comunidad. En su intervención aseguró que el estudio hecho por el ANLA no incluyó un análisis sobre el efecto en la salud de los pobladores.