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- Un grupo de personas se informa sobre los trámites para obtener un visado para México, publicados en carteles en el exterior de la embajada de ese país en La Habana, la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS
- Pasaportes cubanos vigentes en Cuba. Los migrantes que necesitan adquirirlos en las delegaciones del país en el exterior deben pagar 400 dólares por el documento, válido por seis años, pero que debe renovarse cada dos, a un costo de 200 dólares. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS
- Embarcaciones procedentes de la ciudad estadounidense de Tampa, en la bahía de La Habana, durante la celebración de un evento deportivo organizado por el Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba en la Marina Hemingway. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS
Cuba flexibiliza su política migratoria, pero la diáspora espera más
- Las nuevas regulaciones migratorias dispuestas por el gobierno de Cuba abren las puertas a una mejor relación con la diáspora de la isla, aunque aún permanecen aspectos pendientes de reforma, según expertos y residentes en el exterior.
El investigador Arturo López-Levy, profesor de Política Latinoamericana y Relaciones Internacionales de la estadounidense Universidad de Texas, señaló a IPS que “lo adoptado necesita más apertura sustancial”, aunque admitió el contraste con las acciones de Estados Unidos que dificultan los viajes y comunicaciones entre las dos sociedades.
“En términos de magnitud lo que se mueve es mínimo, decepcionante en comparación con la exageración mediática que se le ha dado y en la práctica se pierde una oportunidad de cara al 2018 de hacer una apertura más enérgica movilizando a un mayor número de cubanos emigrados en defensa de los avances logrados por los dos países en la era de Barack Obama”, dijo.
El paquete de cuatro medidas fue anunciado el 28 de octubre en Washington por el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, tras un encuentro con representantes de la emigración de su país en Estados Unidos, donde residen poco más de 2 millones de personas de origen cubano.
Las disposiciones, en vigor a partir del 1 de enero de 2018, incluyen la eliminación de la habilitación de pasaportes, un requisito que facultaba a emigrados a entrar al país sin trámites adicionales.
Además, se permitirá la entrada de ciudadanos cubanos que hayan salido ilegalmente del país.
Pero esta autorización tiene dos excepciones. Según el anuncio divulgado por la prensa estatal cubana excluye a quienes abandonaron la isla a través de la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo, situada en un área del oriente del país.
Posteriormente, un comentarista de la televisión estatal aclaró que tampoco podrán acogerse los profesionales de la salud que hayan abandonado su misión laboral en el extranjero. Se argumenta que ellos salieron legalmente del país y por disposición del Ministerio de Salud pueden regresar y recuperar su trabajo en Cuba.
La exclusión también abarca a deportistas y otros profesionales enviados oficialmente a prestar sus servicios en terceros países.
Otra medida autoriza la entrada y salida al país de cubanos residentes en el exterior en embarcaciones de recreo, a través de las marinas turísticas internacionales Hemingway y Gaviota-Varadero.
Un cuarto cambio elimina el requisito de “avecindamiento”, para que los hijos de cubanos residentes en el exterior y nacidos fuera puedan obtener la ciudadanía cubana y su documento de identidad. Hasta ahora, era necesario estar en Cuba para gestionar estos asuntos.
Al respecto, el abogado e investigador cubano Julio César Guanche, comentó en las redes sociales: “no es un cambio menor la exclusión del avecindamiento como requisito”, vigente desde 1944.
“Toda la legislación cubana desde entonces ha colocado como criterio rector para la adquisición de ciudadanía el requisito de residencia”, explicó.
Guanche considera que los cambios migratorios “son para bien”, aunque coincide con emigrados que también escribieron sobre el tema en las redes, en que “hace falta mucho más”. El gobierno cubano parece reconocerlo, pues en declaraciones oficiales ha precisado que “continuará estudiando nuevas medidas de actualización de su política migratoria”.
El especialista abogó por una Ley de Ciudadanía en Cuba, que “legisle de modo favorable a la multipatridia (doble o múltiple ciudadanía), contando con la realidad de Cuba como país de migrantes, y siguiendo los avances más revolucionarios en el tema que existen en el mundo de hoy”.
A su vez, López-Levy insistió en que el gobierno cubano sigue sin tocar los temas de mayor prioridad y dolor para los emigrados, como el costo de pasaportes y las prórrogas de este documento, cuyas tramitaciones “son los más caros del mundo”, o la diferenciación en las tarifas y trato de los emigrados antes y después de 2013.
Actualmente, el pasaporte cubano tiene seis años de vigencia y se debe prorrogar bianualmente.
Una queja casi generalizada entre emigrados que expresaron su opinión en las redes sociales fue la del precio de 400 dólares de ese documento, que a su juicio debería tener una vigencia de al menos 10 años. También criticaron la prórroga bienal y el hecho de que cueste 200 dólares.
Las nuevas medidas siguen a la reforma migratoria en vigor desde enero de 2013 que eliminó los permisos de salida y cartas de invitación para nacionales residentes en la isla, extendió de 11 a 24 meses el tiempo de permanencia en el exterior y derogó una legislación que permitía la confiscación de bienes de quienes abandonasen el país.
Esta flexibilización contribuyó a una disminución de viajes clandestinos. En su encuentro con emigrados en Washington, el canciller Rodríguez informó que desde el 14 de enero del 2013 hasta hace pocos días habían viajado al extranjero por motivos personales y en forma regular más de 779 000 cubanos y cubanas residentes en el país, con una población de 11,2 millones.
De ese total, 322.000 ciudadanos de isla viajaron hacia Estados Unidos en 815.000 viajes, lo cual indica que hubo personas que viajaron varias veces. En similar período visitaron Cuba 1.964.517 cubanos residentes en el exterior y de ellos, 1.507.263 lo hicieron desde Estados Unidos.
Expertos como Antonio Aja, director del estatal Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, observan en ese comportamiento un resultado de la reforma migratoria y los cambios aprobados por el presidente estadounidense Obama (2009-2017) pocos días antes del fin de su mandato, en enero.
Tras negociaciones con el gobierno de La Habana, Obama eliminó la política conocida como pies secos/pies mojados, vigente desde los acuerdos de 1994 y 1995, que daba a inmigrantes cubanos un trato preferencial para obtener la residencia y otros beneficios.
“Al tomar esta medida, tratamos a los migrantes cubanos de la misma manera que tratamos a los migrantes de otros países”, dijo Obama, quien también dio por terminado el Programa de Parole para Médicos Cubanos (Cuban Medical Professional), destinado recibir a esos profesionales que abandonasen sus misiones oficiales en terceros países.
En opinión de Aja, esas medidas y la reforma cubana potenciaron la migración temporal y la “circularidad” de los migrantes al abrir las posibilidades para el retorno.
Este investigador alerta que el potencial migratorio de la población se moverá entre algo más de 781.000 y aproximadamente 826.000 salidas netas entre 2010 y 2030.
Bajo la actual administración estadounidense de Donald Trump, el clima bilateral se enfrió, para entrar en crisis a fines de septiembre, tras supuestos “ataques acústicos” en la embajada de Washington ante La Habana que habrían afectado la salud de más de una veintena de sus diplomáticos y sus familiares.
Cuba insiste en que no tiene responsabilidad alguna en el caso, aún bajo investigación.
La nación norteamericana también alertó a sus ciudadanos de que se abstuvieran de viajar a Cuba por razones de seguridad y exigió la salida de 15 funcionarios de la embajada cubana en Washington directamente vinculados a asuntos consulares y comerciales, cuya ausencia dificultará la relación entre personas y empresas de los dos países.
La Habana considera que estas acciones de “confrontación sin consultar o escuchar el criterio del Gobierno cubano, son hechos “violatorios” del derecho internacional y de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas.
Editado por Estrella Gutiérrez
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