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Afectados por guerra en El Salvador piden desagraviar a víctimas
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Los ataúdes con seis niños asesinados por el ejército salvadoreño en mayo de 1982, son portados al cementerio por familiares, activistas de derechos humanos y residentes de la localidad de Arcatao, en el El Salvador, el 27 de septiembre. Estuvieron desaparecidos por 35 años y sus restos fueron encontrados en enero. Crédito: Edgardo Ayala/IPS
- Entre el mar de nombres de víctimas de la guerra civil salvadoreña, grabados en un extenso muro de granito negro, Matilde Asencio logró encontrar el de su hijo, Salvador.
Entonces, colocó una flor y una vela encendida al pie del segmento del muro donde se leía: “desaparecidos y desaparecidas 1988″.
Asencio, de 78 años, llegó junto a su esposo, Macario Miranda, de 87, al Monumento a la Memoria y la Verdad en San Salvador, el 1 de noviembre, la víspera del Día de los Difuntos, a rendir tributo a su hijo Salvador Arévalo Miranda, capturado y “desaparecido” por el ejército salvadoreño en agosto de 1988.
“Ya llevamos casi 30 años en esta lucha, ya estamos viejos y enfermos, pero no nos cansamos, seguiremos hasta que nos digan que hicieron con él”, dijo Asencio a IPS, sosteniendo un retrato de su hijo.
“Aparte del dolor, también siento alegría de que mi niño ya no está en el abandono, donde había quedado, eso me ha ayudado a sanar heridas que tenía muy abiertas”: Calixta Melgar.
Se calcula que el conflicto en este país centroamericano, ocurrido entre 1980 y 1992, dejó unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
Como Asencio y Miranda, decenas de familiares visitaron el monumento, en el centro de San Salvador, para al menos poder colocar una flor en memoria de sus parientes fallecidos y desaparecidos.
Pero también para reclamar justicia y verdad como parte de un proceso de reparación, 25 años después de firmada la paz del país, ahora con 6,8 millones de habitantes.
Colectivos de víctimas, apoyadas por organizaciones de derechos humanos, impulsan que se cree la Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado, pues el Estado no ha subsanado los agravios causados, tanto materiales como emocionales.
“La idea es que las personas civiles que sufrieron la guerra, no importa de qué bando, puedan recibir una reparación”, comentó a IPS la activista Sofía Hernández, del Comité de Familiares de Víctimas de Violación a los Derechos Humanos “Marianela García Villas”.
El proyecto propone la creación de un Fondo de Reparación, un registro de víctimas y distintas medidas de desagravio simbólicas y materiales.
Entre esas están la incorporación, de forma preferencial, de los beneficiarios y sus descendientes al sistema educativo público, tanto en el nivel básico como universitario, al servicio médico de la seguridad social, así como a un programa de atención sicosocial gratuito.
También, de aprobarse, otorgaría beneficios para la obtención de tierras, viviendas y créditos preferenciales, y propone la creación de un Banco de Perfiles Genéticos, para lograr identificar a fallecidos y con ello, iniciar procesos de exhumación.
Se plantea además la creación de un fondo inicial proveniente del Presupuesto General de la Nación, de hasta un millón de dólares, para asumir las implicaciones financieras de la ley.
“A estas personas les quemaron sus casas, les desaparecieron sus hijos, y no ha habido ninguna reparación”, enfatizó Hernández, quien ha sufrido en carne propia los estragos de la guerra.
En marzo de 1980 un contingente de la Guardia Nacional incursionó al caserío San Pedro Aguascalientes, del municipio de Verapaz, en el central departamento de San Vicente, donde residía ella y su familia.
“Mi cuñado estaba enyugando bueyes para ir en la carreta a traer agua y les dispararon, junto a dos sobrinos, quedaron muertos en el patio de la casa”, narró Hernández, también miembro del grupo gestor del proyecto.
A su hermano Juan Francisco Hernández le quemaron la casa, pero ni él ni su familia estaban allí. Después, el 2 de mayo, lo capturaron y desde entonces está desaparecido, junto a dos sobrinos.
La iniciativa de ley aún no es debatida en la unicameral Asamblea Legislativa, y es probable que los partidos de derecha nieguen sus votos al considerar la propuesta como parte de una agenda de la izquierda.
Avance insuficiente
La búsqueda de la verdad y la justicia en casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales es otro componente importante de un proceso de reparación, estimaron víctimas consultadas.
Después de más de tres décadas de no saber el paradero de su hijo, José Mauricio Menjívar, si estaba vivo o muerto, Calixta Melgar pudo por fin darle cristiana sepultura, el pasado 22 de septiembre, en el municipio de Arcatao, en el norteño departamento de Chalatenango.
“Ahora ya sé dónde estará sepultado, donde irle a poner una flor, siento que mi pena se ha aliviado un poco”, narró Melgar a IPS, entre lágrimas.
José Mauricio, de cinco años en mayo de 1982, fue asesinado por soldados en el caserío El Sitio, del referido municipio, y su cuerpo fue dejado abandonado en un obraje, junto a otros cinco infantes que corrieron la misma suerte.
En la confusión y caos que siguió a una incursión militar en la zona en aquella fecha, los pequeños, tres niños y tres niñas, fueron retenidos por los militares y ejecutados a sangre fría.
Los restos permanecieron allí enterrados hasta que en enero de 2017, la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos Durante el Conflicto Armado Interno y la no gubernamental Asociación Pro-Búsqueda, encontraron las osamentas, las exhumaron y realizaron su identificación genética.
Para esto último contaron con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense y el estatal Instituto de Medina Legal salvadoreño.
“Aparte del dolor, también siento alegría de que mi niño ya no está en el abandono, donde había quedado, eso me ha ayudado a sanar heridas que tenía muy abiertas”, acotó Melgar, de 57 años, antes de la misa de cuerpo presente, en la iglesia del pueblo.
Durante la ceremonia religiosa católica, los seis pequeños ataúdes blancos, con los restos de los niños, estuvieron colocados frente al altar mayor.
Pro-Búsqueda ha logrado resolver 437 casos de niños desaparecidos, de los cuales 83 por ciento han sido localizados vivos, explicó a IPS el director ejecutivo de la institución, Eduardo García.
Ese trabajo conjunto y coordinado entre Pro-Búsqueda y una instancia gubernamental para resolver casos de niños perdidos en la guerra, era impensable años atrás.
Al respecto, García sostuvo que se percibe un ligero cambio a la hora de abordar el tema de la verdad, la justicia y la reparación a partir de los dos gobiernos sucesivos del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en el poder desde 2009 tras convertirse en partido político tras los acuerdos de paz-
“Es evidente que el gobierno ha mostrado mayor sensibilidad, ha iniciado procesos de actos de perdón y sigue manteniendo una Comisión Nacional de Búsqueda por decreto ejecutivo”, acotó.
Pero subrayó que se pudo haber hecho más, por ejemplo, permitir acceso a los archivos militares que ayuden a esclarecer graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra.
“La Fuerza Armada sistemáticamente ha negado información que pudiera esclarecer estos hechos, a pesar de que el Comandante en Jefe (el presidente Salvador Sánchez Cerén) es de izquierda”, sostuvo.
Además, es el Estado como tal el que sigue viendo el tema marginalmente, destacó.
Para el caso, dijo, solo hasta ahora la Fiscalía General de la República ha comenzado a investigar tibiamente algunos casos, aduciendo que no tiene capacidad ni presupuesto, y la Asamblea Legislativa ni siquiera quiere reconocer el 30 de agosto como el Día Nacional de las Personas Desaparecidas.
Editado por Estrella Gutiérrez
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