Asunto: EL DAÑO ESTÁ HECHO
Fecha: sábado, 24 de mayo de 2008, 2:10 pm
El conflicto con el sector agropecuario lleva prácticamente dos meses y medio y no parece estar cerca de solucionarse. Más allá de las diferencias de opinión o las concepciones políticas la verdadera motivación de las autoridades nacionales pasa por el hecho de que hacen falta más y más recursos para sostener el modelo inflacionario pergeñado para salir de la crisis de la llamada convertibilidad a comienzos de 2002 sin hacer el esfuerzo de ordenar las cuentas públicas y convertir en eficiente al Estado.
La recurrencia a artilugios monetarios para disimular la ineficiencia y la gastomanía son datos de una realidad que agobia.
La utilización política de recursos no coparticipables provenientes de impuestos denominados distorsivos por el propio gobierno kirchnerista se ha convertido, por lo demás y como era de esperar, en una verdadera droga de cuya adicción difícilmente pueda salirse sin una adecuada internación y tratamiento.
El gobierno de Cristina Fernández ha perdido poder y credibilidad como consecuencia del enfrentamiento con el campo. Pero no es solamente por eso. No es novedad que el matrimonio presidencial ha venido manejando la hacienda pública prácticamente como una hacienda privada desde que llegó al poder en 2003. De tal modo que quienes creyeron a pies juntillas en sus promesas o simplemente lo consideraron el mal menor nunca llegaron a ser una proporción mayoritaria de la población, como intenta hacerse creer desde las mismas usinas gubernamentales. No pretendemos con esto hacer una gimnasia verbal, pero sí recordar que el 46% de los votos válidos, pese al enorme caudal, es algo menos de la mitad de los votos emitidos.
Es decir que pese a la bonanza en la que parece que nos hallamos inmersos, la población no ha visto conveniente brindar un apoyo tan excelso como hubiera sido dable esperar.
Y la razón, en nuestro modo de ver, es una sola y principal: son muchos los que han dudado en apoyar el proyecto oficial.
No somos analistas políticos y no pretendemos abundar en este tema, tan solo recordar que infinidad de veces nos hemos referido a la inseguridad jurídica y a la falta de reglas de juego claras y de respeto a las normas y a la Constitución como bases señeras de un camino elegido, el que fuere. Hemos repetido una y otra vez que inclusive más allá de los enfoques que cada quien pudiera tener respecto de cuál es el camino más conveniente, es una verdad de a puño que nunca el pulgar del jefe puede ser una metodología seria y duradera.
Ahora bien, lo que está ocurriendo con el sector agropecuario no es más que una especie de “cabeza de playa” de lo que vendrá. Porque cuando el largo brazo recaudador llegó a tocar el fondo de los bolsillos, o casi, de quienes verdaderamente producen y crean riqueza competitivamente en la Argentina, la noche comenzó a llegar.
Consideramos hoy por hoy que más allá de las razones políticas, del no querer dar el brazo a torcer, o del psicopático deseo de “poner de rodillas al campo”, lo que está en juego es, una vez más, la “caja”.
Las idas y venidas, los intercambios verbales, las reuniones improductivas, los dimes y diretes de todo tipo y color, no constituyen otra cosa que el murmullo de la sinrazón. En este juego de suma cero todos perdemos.
Aún y cuando se llegara a un acuerdo, por razonable que fuera, la credibilidad está absolutamente deteriorada. Y si no se llegare a un acuerdo, quienes de todos modos acepten las reglas del juego no invertirán ni producirán como lo hacían hasta ahora. Es decir que de una manera o de la otra, el daño está hecho.
Hemos visto a la señora presidenta innumerables veces en la televisión dando discursos por los más diversos motivos y en los más diversos lugares. Prácticamente todos los días. Pasó de la agresividad a la complacencia, del sermón a la súplica.
La verborragia consejera según la cual todos tenemos que contribuir a una “mejor distribución de la riqueza” no incluye a la clase política ni a los amigos del poder que adquieren empresas con créditos blandos de bancos oficiales o simplemente logran concesiones que el común de los mortales tiene vedadas. El reparto, lo mismo que la avaricia, son de los demás. Nunca de los gobernantes.
El juego político parece que habrá de seguir con un “pacto” al cual pomposamente se le ha llamado “del Bicentenario”. En política la pomposidad y el intento de efecto psicólogico suele ser bastante común. Nos recuerda el advenimiento del Austral, cuando los billetes se hicieron todos del mismo tamaño del dólar norteamericano e inclusive el billete de un Austral se lo hizo de color verde y el entonces ministro de economía manifestaba orgulloso, ante quien quisiera oirlo, que el dólar costaba nada más que 80 centavos de Austral. Aire y humo, por supuesto.
Un pacto puede ser válido si lo que se acuerda es posible y es realizable. Y sobre todo si es positivo en un sentido de intentar garantizar estabilidad y reglas de juego. Un pacto es como una Constitución en chiquito. Precisamente la Constitución se forjó en “pactos preexistentes”. Pero debe abarcar temas generales, básicos. Nunca detalles de cuantía menor que en todo caso quedarán a cargo de “las leyes que reglamentan su ejercicio”.
Pero, ¿En qué consiste el nuevo “pacto” en proceso?. Al menos de acuerdo con lo que se menciona en la prensa, abarca cuestiones tales como aumentar los mínimos para el impuesto a las ganancias y las jubilaciones y hasta la carga de la contribución a las obras sociales para los monotributistas.
Podrán ser trascendidos más o menos erróneos, pero es lo que se lee. Se pretende incluir la desgravación de inversiones provenientes de ganancias de las Pymes. Lo cual equivale a buscar que el país sea un país Pyme. Como ocurre desde hace tantos años, en la Argentina hay que ser pobre, o parecer pobre. Hay que disimular, ocultar, dividir en partes más pequeñas, o, lo que es más triste, llevarse los dólares lejos. Se pretende conformar un “Consejo Económico y Social” sin que uno termine de entender qué cosa incluirá en materia económica y mucho menos qué gran bolsa de gatos será lo “social”. Se pretende intentar garantizar que el INDEC vuelva a ser el INDEC y no un chiste de los hermanos Marx. También fijar un salario mínimo vital y móvil como viene ocurriendo con intermitencias desde 1955 sin que tal salario pudiera jamás garantizar un estándar de vida aceptable, ya que el salario no depende de la cantidad de billetes recibidos sino de la cantidad de bienes producidos y de la eficiencia de cada sector o de cada fábrica para producirlos.
También se habla de un “blanqueo” de capitales sin tener en cuenta las normas internacionales en materia de narcolavado que prácticamente impiden que tal cosa ocurra (o la limitan en grado sumo) y finalmente se pretende “no congelar los precios y los salarios” lo cual incluye, claro está, los salarios mínimos. En un país donde los funcionarios confunden márgenes de ganancia o ineficiencia de la cadena distributiva con inflación, la verdad es que vamos por pésimo camino. Porque lo obvio es que si no se congelan los precios, se controlan los márgenes y los costos y para el caso termina siendo lo mismo. Luego sobreviene la escasez y el mercado negro.
Además, parece ser que se pide que se modifique la ley de riesgos del trabajo, en virtud de la situación planteada por la jurisprudencia en lo referente a las responsabilidades civiles de las empresas. ¿Hace falta un pomposo pacto del Bicentenario para esto?.
Este esquema la verdad es que nos resulta en un todo decepcionante. Las pautas de un acuerdo deberían incluir a los partidos políticos de distintas tendencias, y fundamentarse en los grandes lineamientos del funcionamiento del sistema.
Hacer valer el principio de la legalidad, respetar los derechos y garantías constitucionales, determinar la autonomía monetaria y la política tributaria y también la financiera, fijar el marco regulatorio básico para el comercio internacional por los próximos 10 años por lo menos, garantizar el valor de la moneda mediante recursos matemáticos y delimitar el grado de intervencionismo que pretendiera fijarse de manera de no quedar en manos de personajes insolventes intelectualmente decisiones dramáticas como la de prohibir exportaciones. Encontrar un camino para no caer en defaults y dejar el tendal, como acaba de ocurrir con los llamados holdouts gracias a la gestión de Kirchner y Lavagna.
No estamos solos en este mundo, y recordamos a vuelapluma cuando en los años 60 la nueva Constitución brasileña incluyó una cláusula fijando el tope máximo de la tasa de interés en ese país (12%). Una genuina ridiculez de la que más temprano que tarde el gigante sudamericano salió como pudo.
El problema está en que un pacto no puede ser establecido sin un consenso y una seguridad de la cual la Argentina actual carece. Y para colmo con un gobierno que día tras día no hace otra cosa que ratificar que no es posible confiar en él. Que no tolera la crítica, que ataca la prensa y que jamás se presenta ante un auditorio que pregunte libremente.
Muchas veces hemos sostenido nuestro inveterado pesimismo, o más bien escepticismo. Pondremos unas fichas a la posibilidad cierta de que el agobio de una inflación tan pronosticada como creciente y la decadencia de la imagen de los políticos en general los lleve a poner literalmente las barbas en remojo para intentar garantizar mínimamente una estabilidad institucional. No hay que olvidar que luego de las hiperinflaciones la gente creyó en la convertibilidad, que aunque era un artilugio monetario más, sirvió para mantener la estabilidad durante prácticamente 10 años. Del mismo modo mucha gente volvió a creer en los bancos pese al desastre del 2001.
Digamos que no todo está perdido, para no ser tan pesimistas como siempre somos. Pero es evidente que la acumulación de errores y sobre todo la acumulación de engaños vuelve incrédula a la población.
Las reglas de juego deben ser claras, simples, concisas, y para todos. No debe haber reglas para “ricos” y reglas para “pobres”. Ni debe haber distinciones cuando se cortan rutas, por ejemplo. La igualdad ante la ley debe asegurarse. Si esto se logra, lo demás puede llegar por añadidura. Pero hace falta un compromiso de todos los actores políticos. No de cámaras empresarias o sindicales que solamente defienden intereses corporativos. El ámbito de las cámaras y de los sindicatos es otro. Las leyes salen del Congreso, no de grupos de presión. Así debería ser por lo menos.
HÉCTOR BLAS TRILLO
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