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CIDH pide diálogo entre gobierno de Chile y huelguistas mapuches
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Desde hace varias décadas los mapuches acompañan con su bandera las demostraciones en reclamo de tierras ancestrales y otros derechos, a los que se suma en plena pandemia la demanda de que los presos de su pueblo puedan cumplir sus condenas en el interior de sus comunidades y no en las cárceles
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Chile y a los mapuches presos y en huelga de hambre que dialoguen sobre las demandas de los indígenas, al tiempo que repudió todo acto de violencia en los escenarios de las manifestaciones en apoyo a la causa de los huelguistas.
La declaración del organismo hemisférico destacó su preocupación “por el deterioro de las condiciones de salud del machi (guía espiritual) Celestino Córdova”, quien purga una condena de 18 años de cárcel como responsable de un incendio en 2013, enmarcado en protestas de ese año, en el que murieron dos personas.
Según la información en poder de la CIDH, Córdova, de 28 años, lleva más de 80 días en huelga, ha perdido 16 kilos, se han deteriorado sus órganos y tejidos, padece enlentecimiento motriz, posible falla renal y estaría “en situación de particular vulnerabilidad ante posible contagio por el virus de covid-19”.
El dirigente grabó un vídeo en el que anuncia su disposición a no ingerir ya líquidos y esperar la muerte, al tiempo que pide a sus partidarios que “al Estado de Chile le sigan exigiendo, de todas las formas, devolver nuestro territorio ancestral mapuche y todas las deudas históricas con todos los pueblos originarios”.
En lo inmediato, Córdova y más de otros 20 mapuches que hacen huelga en tres cárceles protestan por las insuficiencias sanitarias en las prisiones y demandan poder cumplir las condenas en sus comunidades.
La CIDH llamó a las autoridades y a los huelguistas “a que intensifiquen el diálogo abierto y constructivo sobre sus demandas relacionadas con el respeto a la identidad y cultura de las personas indígenas privadas de libertad, así como las condiciones de detención en el contexto actual de la pandemia”.
En solidaridad con los huelguistas se producen demostraciones callejeras, con choques entre manifestantes y policías, y en una de ellas fue detenida brevemente Francisca Dávalos, hija de la expresidenta (2006-2020 y 2014-2018) y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Michelle Bachelet, según destacó la prensa local.
La Comisión, en su declaración del 12 de agosto, recogió hechos de violencia, discursos discriminatorios y ataques a símbolos espirituales mapuches en la región de la Araucanía (sur) contra quienes se manifestaron en solidaridad con los detenidos.
Asimismo, “enfrentamientos entre agentes encargados del orden y comuneros mapuches que incluyeron incendios, ocupaciones de lugares públicos y desalojos”, por lo que la CIDH “recuerda al Estado las obligaciones de protección contra la discriminación fundada en origen étnico-racial”.
El organismo “condena toda forma de violencia; sin embargo, aclara que el hecho de que algunas personas hayan incurrido en actos aislados de violencia, no convierte en amenaza al orden público todas las formas de manifestaciones en el ejercicio de sus derechos a la libertad expresión, reunión y asociación”.
Como telón de fondo, la CIDH observó que “esta situación se enmarca en un contexto histórico más amplio de conflictos que enfrenta el pueblo mapuche en la región de la Araucanía, derivados de la discriminación estructural a la que ha sido expuesto este pueblo indígena”.
Igualmente, a las demandas de ese pueblo “por el reconocimiento de sus derechos territoriales ancestrales y el respeto por su autonomía y libre determinación”.
El texto de la CIDH evocó el papel de los machis “en el bienestar físico, cultural y espiritual de su pueblo y comunidad. De acuerdo a la cosmovisión mapuche, las y los machi son llamados a ejercer el rol de intermediarios entre las personas y el mundo espiritual, a conducir ceremonias, y a ejercer la medicina tradicional”.
La Comisión recordó además que “las personas indígenas privadas de libertad tienen necesidades específicas en razón de su origen étnico, cultura, tradiciones, religión e idioma, y requieren de un trato diferenciado sensible a sus culturas”, por lo que los Estados deben evaluar medidas alternativas a las penas de prisión.
El presidente chileno Sebastián Piñera declaró que “estamos siempre dispuestos y abiertos al diálogo, hacemos todo lo que sea necesario para proteger la vida de las personas que están en huelga de hambre, siempre respetando nuestras leyes, los tratados internacionales y nuestro estado de derecho”.
Según el gobernante “es muy importante hacer una clara y total distinción entre las legítimas demandas, necesidades, anhelos y aspiraciones de nuestros pueblos originarios (…), que están siendo escuchadas con atención y sensibilidad, de lo que es la violencia, la destrucción, la maldad y el daño”.
En Chile, de casi 19 millones de habitantes, 1 745 000 (9,9 por ciento) declararon pertenecer al pueblo mapuche, según el censo de 2017.
A-E/HM
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