La deuda de los bosques escandinavos en el norte de Mozambique
Desfalcos, apropiación de tierras y promesas incumplidas son la desafortunada herencia de un programa financiado por el Gobierno sueco cuyo objetivo era reducir la pobreza mediante la inversión privada
Delinda, de 25 años, trabaja en la parcela de tierra de su familia en Lichinga, Mozambique, en marzo de 2017. Antes era empleada de Green Resources, pero dejó la empresa porque no le gustaba trabajar para ellos. PASCAL VOSSEN
Maputo
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A lo largo de la pasada década, Mozambique ha sido testigo del arrendamiento de un millón de hectáreas (10.000 kilómetros cuadrados) de tierras cultivables —una superficie mayor que la de Chipre— a inversores privados extranjeros del sector agrícola. El Gobierno, que conserva la propiedad legal de todas las tierras del país, ofreció concesiones a empresas extranjeras como parte de una campaña dirigida a mantener el crecimiento económico y a ayudar al 35% de hogares mozambiqueños que todavía no tienen garantizado el sustento.
En 2005, el programa Malonda, financiado en parte por el Gobierno sueco, fue una de las primeras iniciativas extranjeras en Mozambique. El programa facilitó la inversión forestal a gran escala —centrada en el pino y el eucalipto— en la región de Niassa a la empresa Chikweti, filial de la compañía sueca de inversiones GSFF. El plan prometía una situación beneficiosa para todos, con creación de puestos de trabajo y desarrollo para la región tomando como base las comunidades, y una sustanciosa rentabilidad de las inversiones para los accionistas de GSFF (entre los cuales figuraban las Iglesias luteranas de Noruega y Suecia, así como el fondo de pensiones holandés ABP).
En los años siguientes, Chikweti quedó atrapada en las disputas locales por los derechos sobre la tierra y fue víctima de innumerables incendios provocados por exempleados descontentos. En la actualidad, solamente una quinta parte de las tierras de la empresa están plantadas, y las comunidades de la zona han perdido la confianza en las declaraciones que afirmaban que la inversión extranjera traería riqueza y trabajo a la región.
A sus 69 años, Nconda goza de buena salud. Junto con su nuera Delinda, arranca las mazorcas de los tallos del maíz —el principal medio de subsistencia en la zona— en el patio delantero de su casa. Lleva el nombre de la aldea que preside como líder tradicional (régulo en portugués), un cargo que heredó por vía materna, y es un personaje importante a la hora de aprobar el arrendamiento de las tierras de los alrededores de su comunidad. "Al principio, la gente se resistía [a las empresas privadas], y hubo muchos conflictos, pero cuando empezaron a desbrozar la tierra y a plantar, hubo más trabajo para la comunidad y su imagen empezó a cambiar a mejor".
El descontento de las comunidades llegó a su punto álgido en abril de 2011, cuando Chikweti ocupó zonas que no le habían sido cedidas
Cuando empezaron a contratar en 2010, Nconda animó a su nuera a que trabajase en las plantaciones que colindaban con el pueblo, pero tras unos primeros meses intensivos, la contratación de mano de obra descendió y empezaron a aparecer los problemas. "Solo necesitaban trabajadores para determinadas temporadas. Después los empleos empezaron a desaparecer. La gente se sentía frustrada, ya que lo único que hacía era estar en casa esperando más trabajo, así que prendió fuego a las plantaciones forestales".
Ya en 2010, Chikweti empezó a recibir duras críticas cuando los informes de la UNAC (Unión Nacional de Campesinos de Mozambique) hicieron referencia a múltiples casos de promesas incumplidas y de desalojos forzosos de agricultores de sus tierras. Según un estudio del Ministerio de Agricultura del país y de la Dirección Nacional de Agricultura y Bosques (DNTF, por sus siglas en inglés), la empresa había plantado ilegalmente una superficie de 32.000 hectáreas en Niassa.
El descontento de las comunidades llegó a su punto álgido en abril de 2011, cuando, durante la temporada de plantación, Chikweti ocupó zonas que no le habían sido cedidas. Los campesinos de los pueblos de Licole y Lipende arrancaron y talaron 60.000 pinos y destruyeron parte de la maquinaria.
Kauguanha, de 23 años, es uno de los líderes más jóvenes. Vive en Licole y tiene a su cargo una gran extensión de plantaciones de maíz que limitan con el bosque de pinos. Los árboles ya son lo bastante altos para hacer sombra a algunos de sus cultivos. Piensa que, en parte, el conflicto tuvo lugar debido a que no se consultó a fondo con los representantes de la comunidad. "En esta zona la empresa [Chikweti] solamente habló con un líder. Él accedió a entregarles tierras que no eran suyas y tuvieron que parar y volver a negociar".
En la actualidad, solo una quinta parte de las tierras de la empresa están plantadas
Cuando, en 1975, Mozambique se independizó de Portugal, sobrevino una dolorosa guerra civil que se prolongó 15 años. En 1997, en un esfuerzo por conciliar los intereses de los inversores extranjeros y los de las comunidades locales, se introdujo un sistema de derechos de uso y aprovechamiento de la tierra (DUAT, por sus siglas en portugués), que permitía que los inversores arrendasen una superficie de tierra al Gobierno solamente por un periodo de 50 años.
Para muchos agricultores de Niassa que cultivaban para su propio consumo, esto suponía que, como no tenían documentos oficiales o legales que declarasen que sus tierras —que a menudo habían sido cultivadas por sus familias durante generaciones— estaban en uso, la decisión de si estas se podían entregar o no quedaba en manos de los líderes locales tradicionales, que eran con quienes consultaban las empresas.
En consecuencia, opina Kauguanha, se trataba de algo más que de un conflicto comercial. Era también una cuestión de formas tradicionales de identidad, algo que las empresas habían pasado por alto. "Puede que no seamos propietarios de la tierra, pero estamos conectados con ella. Si nos es necesario, podemos marcharnos tres o cuatro años, pero siempre volvemos".
En junio de 2013, una auditoría de la ayuda económica que prestaba la Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo (SIDA, por sus siglas en inglés) a la fundación Malonda ‒la cual había facilitado las inversiones de GSFF en la zona‒ halló irregularidades notables. No tardó en descubrirse que en las oficinas de Niassa había habido un desfalco de 32.000 dólares y que se habían utilizado cheques falsos. El organismo sueco canceló inmediatamente el contrato, pero la mitad de los nueve millones de dólares comprometidos para el periodo 2010-2013 ya se habían desembolsado.
Tras un aluvión de publicidad desfavorable, GSFF siguió los pasos de SIDA y se retiró de la zona. En 2014, Green Resources compró GSFF. La empresa noruega adquirió también el 83% de los bosques de Chikweti.
Delante de la aldea de Nconda hay una extensa franja de bosque de pinos carbonizado y reducido a cenizas. Una pista estrecha y embarrada conduce a las plantaciones, donde se encuentra una señal destrozada de Green Resources. La base está cortada a machetazos y el logotipo de la compañía arrancado y tirado en el barro. Han pasado tres años, e incluso con el cambio de propiedad, muchos de los problemas a los que se enfrentan las plantaciones siguen siendo los mismos.
Mussa está en cuclillas en un taburete de madera junto a la puerta de su casa, en la aldea de Mapudje. Abre un momento la tela gruesa que envuelve a su hijo de un año, enfermo de malaria, para observar su palidez. A su espalda, el sol de la mañana baña las hileras de pinos perfectamente alineadas que cubren las ondulantes colinas hasta el horizonte, interrumpidas tan solo por un pequeño macizo solitario que recuerda que, a pesar de este sorprendente paisaje escandinavo, esto es el sur de África.
Pese a los problemas con las comunidades locales, Mussa fue uno de los muchos habitantes del pueblo que creyó en la retórica de la empresa y en sus ambiciosos planes de empleo. "Al principio estaban mucho por aquí. Decían que se quedarían 50 años (todo el periodo de arrendamiento de las tierras), así que la gente abandonó sus campos".
Green Resources ha acumulado una superficie de 126.471 hectáreas. De ellas, solo ha plantado el 19%
Maskuini, un régulo de Liconhile, cree que, cuando Chikweti consultó con él la compra de las tierras vecinas a su aldea, no le comunicó que el trabajo sería temporal. "Su llegada nos parecía muy positiva, sobre todo cuando dieron trabajo a tanta gente, pero luego los contratos se acabaron sin más. Éramos 80 personas [trabajando para Chikweti], y ahora somos cuatro".
Los ancianos de Liconhile tienen la impresión de que se difundió información falsa con el fin de obtener permiso para establecer los derechos de uso y aprovechamiento de la tierra, como queda reflejado también en el informe de la UNAC sobre las plantaciones en el norte de Mozambique. El documento concluye que "el principal problema reside en la manera engañosa en que se transmite la información durante las consultas con la comunidad, lo cual forma parte de una estrategia alevosa para que las comunidades renuncien a sus tierras".
Inocencio Sotomane, director regional de Green Resources en Niassa, explica que había "muchas expectativas. Creían que nuestra presencia allí significaría empleos estables, pero tenemos que plantar y procesar, y luego repetir el procesado. Entremedias hay un largo periodo. Por ejemplo, necesitaremos muy poca [mano de obra] hasta 2018, cuando empecemos a procesar".
Según un informe de UNAC publicado en agosto de 2016, Green Resources ha acumulado una superficie de 126.471 hectáreas. De ellas, solo ha plantado 23.864, lo cual representa una tasa real de uso de la tierra del 19%. La situación ha acentuado la confusión de la población local con respecto a por qué las empresas escandinavas han invertido en la región.
Al igual que muchos de sus compañeros agricultores, Mussa se siente frustrado por haber podido disfrutar de un buen nivel de vida gracias al trabajo en la plantación, para luego ver cómo desaparecía sin apenas explicaciones. Lleva años esperando que un representante de Green Resources le aclare por qué finalizó su contrato. "Que nos digan qué pasa y nos den información real". Cree que este fallo de comunicación se debe a un choque entre dos mundos diferentes. "En sus países (Noruega y Suecia), en Maputo (la capital, a 1.430 kilómetros de distancia) y en Lichinga (capital de la región) hay personas que entienden cosas diferentes. Lo que entienden ustedes, nosotros no podemos entenderlo a no ser que nos lo expliquen. En los distintos lugares hay maneras diferentes de entender".
Los ancianos de Liconhile tienen la impresión de que se difundió información falsa con el fin de obtener permiso para usar la tierra
En Natemangue —un pueblo de unos 3.000 habitantes situado en el punto más alto de la meseta— hay quien dice que Chikweti empleó a niños de tan solo 14 años. Antonio estaba contento de que su hijo Saguate trabajase cuando era un adolescente. "Cuando trabajaba nos iba muy bien. Teníamos dinero y podíamos permitirnos comprar cosas". Saguate juguetea con su moto, que su familia compró con los salarios que él ganaba y que cuida como un tesoro. Dice que cuando tenía 14 años trabajaba con muchos otros menores. "El acuerdo era que trabajaríamos dos o tres meses, y que en ese periodo podríamos poner en orden nuestra documentación. Cuando empecé a trabajar, ellos [Chikweti] no volvieron a hablar de documentos".
La contratación de tantos trabajadores jóvenes se ha asociado con el aumento de los pequeños delitos y del consumo de kacholima, una bebida alcohólica de caña de azúcar fermentada.
Alberto, un chico de 18 años de la zona de Chimbolina, explica que para ellos [la generación de jóvenes] hay dos opciones: "trabajar aquí como agricultores o hacerlo para una empresa como Green Resources. No sabemos leer ni escribir y no podemos conseguir un empleo en Lichinga".
En opinión de Mussa, esta opción ha dejado sin un rumbo en la vida a los jóvenes que trabajaron en las plantaciones. "La empresa [Chikweti] empleó a un motón de chicos, y entre ellos había muchos que eran malos. Cuando se quedaron sin trabajo empezaron a crear problemas otra vez. No tenían una meta en la vida; no estaban acostumbrados al trabajo agrícola como los demás habitantes del pueblo. Era mejor cuando trabajaban".
Recientemente, Green Resources ha hecho públicos sus planes de dedicarse a la producción de soja
Recientemente, Green Resources ha hecho públicos sus planes de dedicarse a la producción de soja tras un periodo de prueba que empezó en 2011. Sotomane explica que su principal objetivo "era proporcionar un cultivo comercial, y luego se convirtió en una respuesta a la cuestión de la seguridad alimentaria".
Según Sotomane, aunque es posible que al principio la comunicación no fuese buena, lo cual tuvo como resultado centenares de incendios provocados en las plantaciones, desde entonces la empresa ha mejorado su estrategia de comunicación. "Ahora Green Resources está en diálogo permanente e intenta implicar a la comunidad lo más posible y crear diferentes comisiones y representantes".
Cuando Green Resources decida aumentar el nivel de empleo, encontrará una mano de obra latente preparada y dispuesta a trabajar. Solo el tiempo dirá si lo que empezó como un experimento industrial escandinavo para reducir la pobreza acabará ofreciendo riqueza y seguridad a la región.
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