Chávez&K, una sociedad destructiva: democracias en extinción

desolación

Opinión
El peligro de regular los contenidos
Gregorio Badeni
Para LA NACION
Noticias de Política: Jueves 17 de setiembre de 2009 | Publicado en edición impresa

El proyecto de ley auspiciado por el Gobierno para regular los servicios de comunicación audiovisual presenta graves falencias que en modo alguno se compadecen con principios elementales de las democracias constitucionales. Entre ellos, al igual que en la legislación vigente desde 1980, se destaca el afán gubernamental por establecer cuáles deben ser los contenidos de las emisiones radiales y televisivas.

Incurre en el error de considerar que las frecuencias son bienes del dominio público estatal cuando, conforme a las convenciones y los tratados vigentes sobre la materia, ellas pertenecen a la comunidad internacional y son distribuidas entre los Estados para que reglamenten sólo sus aspectos técnicos a fin de permitir un uso racional y armónico del espectro audiovisual. La función del Estado se limita a la administración de las frecuencias mediante su regulación técnica, pero en modo alguno está habilitado para apropiarse de ellas o determinar los valores a que debe responder el contenido de las emisiones.

La radio y la televisión son medios técnicos de comunicación social masiva, frutos de la creatividad humana del siglo XX, a través de los cuales se ejerce el derecho de prensa o la libertad de informar para satisfacer el derecho a la información de sus destinatarios, conforme a la línea editorial y de programación que establezca libremente el emisor. Su función, en este aspecto, es similar a la que desarrollan los medios gráficos de comunicación. A todos ellos les son aplicables las cláusulas de los arts. 14 y 32 de la Constitución, que garantizan la libertad de expresión y prohíben la censura previa, así como toda regulación normativa que, específicamente para ellos, pretenda imponer un gobierno. Otro tanto acontece con la amplia libertad de expresión impuesta por el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene jerarquía superior a las leyes.

Sin embargo, la intención del Gobierno, al igual que en 1980, apunta a debilitar la libertad de prensa o transformarla en un instrumento complaciente mediante la regulación de sus contenidos. Varias disposiciones de la norma proyectada, y hasta uno de sus capítulos, regulan los contenidos de las programaciones. Ellas deben defender a la persona y sus derechos personalísimos; promover la cultura popular; ajustarse a la ética; desarrollar una industria nacional de contenidos que difunda el patrimonio cultural; satisfacer los intereses de los usuarios; incluir contenidos de interés social; no alterar los objetivos de la programación comprometida; emitir determinados porcentajes mínimos de música nacional, o de intérpretes nacionales, o de programación propia o local, o exhibir al año 6 películas nacionales adquiriendo los derechos de antena antes de la iniciación del rodaje; emitir gratis los mensajes de interés público que establezca el Gobierno; integrarse a la cadena nacional o provincial de radiodifusión para emitir los contenidos que establezca el Gobierno.


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No se cuestionan los propósitos loables que teóricamente puedan tener algunas de estas imposiciones. Pero ellas son incompatibles con la libertad de expresión. Su inserción legal, unida a la facultad otorgada a un organismo gubernamental para sancionar aquellas conductas que no encuadren en los contenidos de la norma, constituye un exceso. No sólo porque se le otorga un poder jurisdiccional en el ámbito de la libertad de expresión, que está vedado constitucionalmente, sino también porque se prevén conductas ilícitas para la expresión del pensamiento que carecen de regulación normativa en la legislación civil o penal.

Se establece una ley de prensa para radio y televisión, cuyo contenido será determinado y evaluado por el Gobierno. Será ese gobierno el que decida cuándo no se cumplen los objetivos de la norma regulatoria en orden a los contenidos de las emisiones y las sanciones que corresponda aplicar. Lamentablemente, el Gobierno se ha esmerado por controlar los contenidos de las emisiones, en vez de circunscribirse a dar cumplimiento a la regulación técnica de ellas.

Un vez más, advertimos que en el discurso político se procura preservar la libertad de expresión, aunque cuando ese discurso se traslada a la letra de la ley, revela su identidad autoritaria. Restringir la libertad de expresión con el pretexto de satisfacer el derecho a la información es una actitud que linda con la hipocresía propia de la intolerancia de los regímenes totalitarios. Es de esperar que se imponga la sensatez y que cuando se decida regular a los medios audiovisuales eso se limite al ámbito técnico de la comunicación y no a lo que libremente se desea expresar.

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OpiniónEl peligro de regular los contenidos

Gregorio Badeni

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lanacion.com | Política | Jueves 17 de setiembre de 2009

El análisis
Un océano de poder para Kirchner
Joaquín Morales Solá
LA NACIONNoticias de Política: Jueves 17 de setiembre de 2009 | Publicado en edición impresa

Derechos y garantías constitucionales retrocedieron ayer ante la embestida brutal de un oficialismo derrotado en las urnas hace menos de tres meses. Doscientas modificaciones en 160 artículos del proyecto de ley de radiodifusión debieron ser leídas y analizadas por la inmensa mayoría de los diputados en el curso de una sola noche.

El trámite de la ley reconoció el ritmo propio de los que no quieren que se adviertan los contenidos de las leyes. La "madre de todas las batallas", según la belicosa y mezquina definición de Néstor Kirchner, tuvo la impronta, en efecto, de un combate militar con todas sus reglas, incluida una ofensiva constante, insomne y simultánea.

Ese proyecto de ley toca ?y agrede? garantías tan esenciales como la de la libertad de expresión, el derecho a la propiedad y los derechos adquiridos. En el plenario de las comisiones, anteayer, los diputados de la oposición comenzaron a sesionar sin una copia del proyecto definitivo con sus innumerables modificaciones. Los diputados oficialistas terminaron aprobando la iniciativa a mano alzada. Menos de 12 horas después, lo que dura una noche y las pocas horas de la mañana, una sesión especial de la Cámara de Diputados ya estaba tratando el proyecto.

¿Qué tiempo tuvieron los diputados que no integran esas comisiones, que son casi el 90% de la Cámara, de leer y evaluar el proyecto? No hubo tiempo ni respeto. ¿Cómo se podría confiar en la buena fe de los promotores de la eventual ley si todo se pareció más a un arrebato nocturno que a una decisión del Estado argentino? Ese ritmo de fiebre es lo que abre innumerables interrogantes y suspicacias sobre el objetivo final de los Kirchner. Si contaban, como contaron, con una mayoría importante a favor de su proyecto, ¿por qué no aceptaron tiempos mínimos de reflexión parlamentaria, aunque más no fuera para conservar las apariencias? Cabe una sola deducción: temieron que el paso del tiempo descubriera las verdaderas intenciones del proyecto de una ley que posiblemente regulará la relación futura entre el Gobierno y los medios audiovisuales.

La administración de los Kirchner cedió sólo la habilitación de las telefónicas para aplicar el triple play en la Argentina (lo que, en verdad, demorará el progreso tecnológico nacional, porque lo que importa es el contenido y no el transporte), pero no entregó ninguno de los otros dos objetivos que tenía desde el principio. El control sobre los contenidos de los medios de radio y televisión es el primero de ellos. El organismo de control fue ampliado. Sin embargo, la mayoría (4 o 5 sobre 7 miembros) estará en poder de los que gobiernan.

El otro elemento que tendrán los gobernantes, si se sancionara definitivamente esta ley, es la revisión cada dos años del ordenamiento legal que regirá el mundo de la radio y la televisión. Con semejantes recursos, la libertad de expresión en los medios audiovisuales se transformará en un derecho de los que mandan en el Estado. Y la libertad de expresión, si bien se la entiende, es un derecho que protege sobre todo a los críticos del poder más que al poder mismo. El proyecto aprobado anoche por la Cámara de Diputados terminará por enviar al destierro al periodismo audiovisual y dejará a la sociedad a merced de los gustos del oficialismo.


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Se ha dicho que con el apartamiento de las telefónicas el Gobierno renunciaba a la creación de un conglomerado amigo de medios de la mano de una argentinizada Telecom. No es cierto. El desguace al que someterían a los multimedios que ya están (lo que vulneraría seriamente los derechos adquiridos y el propio derecho a la propiedad) dejará en manos seguramente amigas el control de muchos medios que ahora existen y que deberán venderse apuradamente.

Incluso, no debería descartarse un regreso del proyecto Telecom mediante una posterior reforma de la ley de telecomunicaciones, que podría habilitar a las telefónicas a suministrar el servicio de triple play . Si no se adecuara la ley de bienes culturales (separando el transporte del contenido), actualmente vigente y que restringe la propiedad de capitales extranjeros en medios de comunicación, la única beneficiada con esa medida sería una Telecom en manos exclusivamente de argentinos. Se lo mire por donde se lo mire, el proyecto tiene todas las apariencias de un intento agónico y feroz del kirchnerismo para el control y dominio de las comunicaciones de radio y televisión. Es, en materia de libertad de expresión, la regresión más importante de la Argentina desde la restauración democrática.

Sólo un líder mesiánico, solitario y audaz, como lo es Kirchner, podía llevar las cosas tan lejos en cuestiones tan sensibles para la salud y la permanencia de la democracia. Pero cabe hacerse una pregunta: ¿cómo o por qué un líder derrotado consiguió semejante disciplina del peronismo, históricamente alérgico a las derrotas? Hay interpretaciones ciertas, pero aisladas. El kirchnerismo, por ejemplo, llevó al Congreso a muchos legisladores que se formaron en la misteriosa militancia de hace más de 30 años. Ellos sólo acatan la voz del jefe. No la discuten. También es veraz que la mitad del bloque oficialista se irá el 10 de diciembre y que Kirchner, conocedor preciso de las debilidades humanas, ha hecho promesas de beneficios y de puestos oficiales para la hora del disfavor. Capturó diputado por diputado; halagó a cada uno y dejó a cada uno esperanzado y contento. La sociedad, como aconsejaba Bismarck, nunca debería enterarse de cómo se hacen las leyes y las salchichas.

Pero hay un elemento más preciso que todos ellos para explicar la sumisión del peronismo y es la virtual disgregación del propio peronismo. Kirchner ha perdido, es cierto, pero ¿qué líder peronista se ha hecho cargo del liderazgo vacante? Ninguno. La mayoría de sus dirigentes sólo controla pequeñas parcelas partidarias. Y Carlos Reutemann, que podría abroquelar al peronismo, tiene tiempos demasiado lentos para la vorágine que propone Kirchner. El ex presidente puede y sabe construir -por qué negarlo- un océano de poder con apenas un charco de agua. Los peronistas están en condiciones de prescindir de cualquier cosa, menos de la conducción de un líder.

El líder volvió a romper las reglas del juego. El propio Kirchner les había dado a los canales de televisión una extensión automática de sus licencias por 10 años; a esos mismos canales los obligará a vender, si todo le saliera bien ahora, en el plazo perentorio de un año. No es sólo el mundo de las comunicaciones el que se verá seriamente afectado por la falta de inversión; cualquier inversión, en cualquier rubro, se retraerá ante la desconfianza, luego del desconocimiento claro de tantas garantías constitucionales.

Un país chico y sin inversiones, aislado del mundo y del progreso, con periodistas silenciados y empresarios asustados es el que se bosquejó ayer en la Cámara de Diputados. El país perfecto del imaginario kirchnerista.

el dispreciau dice: sigo el debate por la LEY DE MEDIOS sin solución de continuidad. Me producen vergüenza ajena los argumentos oficiales tanto como los opositores. Más vergüenza me producen algunas expresiones que intentan explicar por qué unos son parte de la clase política y por qué otros son "dirigentes", cuando a decir verdad para ser dirigente de algo hace falta capacidad de gestión que en este caso brilla por su ausencia. ¿Qué ha ocurrido que el poder ejecutivo ha descubierto de pronto que los MEDIOS estaban regulados por una LEY de la DICTADURA MILITAR de los setenta?... justo cuando en nuestro país no se respeta ninguna jurisprudencia... Todo induce a confusión. Pero el peligro no es el cambio de mano de los monopolios como le gusta decir a la Señora Presidente, sino que Argentina perderá definitivamente la condición de democracia libre y soberana, por otra parte bastante vapuleada y mentida hasta aquí. Argentina está técnicamente desinstitucionalizada. Nadie responde a nada, salvo las obsecuencias al oficialismo. Detrás de ello, si Usted demanda sus derechos ciudadanos se enfrentará a la nada que se ha instrumentado desde el poder partidario FPV-PJ. En lo personal, percibo que los partidos políticos son justamente eso: "partidos", "quebrados", "diluidos", por consiguiente no los hay... El Partido Justicialista ha muerto definitivamente porque las angurrias del poder exceden los sentidos. Los Radicales no se sitúan en un lugar distinto, sencillamente no existen. Al país hoy le queda sólo el socialismo de Binner que se halla recluido en la provincia de Santa Fe a la espera del curso de los acontecimientos. Por su parte estos acontecimientos inducen a pensar que a la Argentina le esperan horas amargas porque no es bueno escuchar lo que uno quiere oír (música para el espíritu), en especial cuando se es sordo o no se tiene alma. Todos deberíamos estar en condiciones de emitir nuestra opinión sin necesidad de transformarnos en enemigos de nadie, pero parece que algunos tienen otras ideas, no distintas a las impuestas por la junta militar allá por el 76 y en adelante, hasta que demostraron que eran tan incapaces como aquellos otros que habían venido a expulsar. Hoy, no es distinto. Los argentinos no sabemos transitar las pautas democráticas, tampoco las empresarias, menos las económicas, ni siquiera las académicas, por ende para nada las sociales, sencillamente porque transgredimos el todo como una costumbre por la cual damos por bueno todo aquello que no lo es. Nos hemos quedado sin valores y sin tradiciones ya que hasta nuestras fechas patrias en realidad son días de turismo que no sabemos bien ni a quién recuerdan o qué celebran... Desde mi humilde reflexión creo que al mundo se le han terminado las banderas y las fronteras pero ni los políticos ni sus socios se han dado cuenta. Las corporaciones de negocios non santos se han dado cuenta de ello y han aprovechado la coyuntura en desmedro de las personas que han perdido sus bienes, sus trabajos, sus ilusiones, sus esperanzas y sus ganas, léase, han destruido las voluntades para que los políticos se ubiquen en la condición de poder comprarles las dignidades. Ello coloca a la raza humana en una situación de indefensión brutal... En nuestro país, con el casi 50% de la población en estado de marginalidad nos situamos en el horno. A veces me suelo preguntar ¿qué pretenden?, ¿hasta dónde quieren llegar?... y realmente me doy cuenta que conozco las respuestas porque esta película ya la vi, varias veces a lo largo de mis casi sesenta años. Realmente, ya ni siquiera me quiero escuchar las respuestas. Prefiero a la Argentina en positivo, esa que construimos algunos pocos idiotas por la sola satisfacción del deber cumplido. De mi generación, los destacados, aquellos que estaban en condiciones de aportar al crecimiento del país con cosas bien concretas, se fueron... sí, debieron irse so pena de ser descalificados por los mediocres que nos conducen desde antes de que tuviera uso de razón. Septiembre 17, 2009.-