Muere un segundo niño migrante en custodia del Gobierno de EE UU
El menor, de ocho años y también procedente de Guatemala, falleció en un hospital de Nuevo México el día de Navidad. Hace tres semanas lo hizo Jakeline Caal, de siete años.
Washington
Un voluntario ayuda a una emigrante en Las Cruces (Nuevo México, EE UU) el pasado viernes. En vídeo, imágenes del lugar donde falleció el niño. AFP: VÍDEO: ATLAS
Un niño de ocho años procedente de Guatemala falleció poco después de la medianoche de ayer en un hospital de Nuevo México mientras estaba bajo custodia del Gobierno de EE UU, informó la policía fronteriza. Se trata de la segunda muerte en tan solo un mes de un menor migrante mientras estaba bajo arresto de las autoridades. El día de Nochebuena, tan solo unas horas antes de que en el pueblo guatemalteco de San Antonio Secortéz se velase el cuerpo recién llegado de la pequeña Jakelin Caal, de siete años, perdía la vida este otro pequeño.
Si la muerte de la menor, producida el 8 de diciembre a raíz de una grave deshidratación, tardó días en hacerse pública, la Agencia de Seguridad Fronteriza optó esta vez por emitir un comunicado, aunque sin la identidad del chico. Este empezó a mostrar “señales de posible enfermedad” el lunes y fue trasladado junto con su padre a un hospital de Alamogordo, en Nuevo México. Una vez allí no identificaron más que un resfriado, le recetaron amoxicilina (un antibiótico) e ibuprofeno (antinflamatorio). Después de 90 minutos en observación por la fiebre salió del centro. Pero esa misma tarde-noche empeoró, con náuseas y vómitos. Regresó al hospital y pereció en los primeros instantes de la Navidad por causas aún por determinar.
La policía fronteriza no ha especificado en qué centro de detención se encontraba, si lo hacía en compañía de su padre, ni cuándo cruzaron la frontera. Tampoco se conocen aún las circunstancias que provocaron la enfermedad.
Las autoridades han informado de que se abrirá una investigación para revisar todas las acciones llevadas a cabo, así como las circunstancias que han rodeado a la muerte de ese niño. No son extrañas las muertes de inmigrantes en zonas desérticas, de hombres y mujeres dispuestos arriesgar todo mientras huyen de la violencia y la miseria, aunque vayan a ser detenidos en la frontera estadounidense. De fallecimientos de menores una vez en custodia, sin embargo, no se tenía constancia hasta el caso de Caal. La agencia de seguridad fronteriza ya ha notificado al Departamento de Seguridad Interior y al Gobierno de Guatemala el fallecimiento de este otro menor, que guarda desgraciadas coincidencias con la niña de primeros de mes.
Caal iba acompañada de su padre en un grupo de más de 160 inmigrantes irregulares, cuando el 6 de diciembre se entregaron a los agentes de fronteras al sur de Lordsburg, también en Nuevo México. Ocho horas después de ser detenida, la pequeña empezó a marearse y fue trasladada en helicóptero a un hospital de El Paso (Texas), pero no salió adelante. Según la policía fronteriza, la menor “no había comido ni bebido agua durante varios días”, aunque la familia lo niega.
El nuevo caso, independientemente de las causas y los protocolos seguidos por las autoridades, vuelve a poner a la infancia en el centro del debate migratorio, pura pólvora en los Estados Unidos de Donald Trump. El presidente republicano ha hecho de la mano dura con los sin papeles una de las banderas de su política. Un 25% de la Administración, de hecho, se encuentra paralizada estas Navidades, con cientos de miles de empleados público sin paga, por la batalla por el muro que quiere construir en la frontera mexicana. El Congreso no ha aprobado los fondos para financiarlo porque los demócratas rechazan dotar una partida presupuestaria para ese proyecto.
Las detenciones de inmigrantes irregulares en la frontera de EE UU se dispararon en el año fiscal de 2018 (de octubre a septiembre), hasta las casi 400.000, debido en buena parte al incremento de familias con niños. Como un menor no puede permanecer retenido más de tres semanas, la Administración de Trump decidió empezar a separar a los menores de sus padres con el fin de poder prolongar los arrestos de los adultos, pero la alarma sociales le obligó a rectificar el pasado verano.
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